Erdogan ordena expulsar a 10 embajadores por críticas hacia el sistema judicial turco
Turquía está en el punto de mira tras violar de forma sistemática los derechos humanos. El Gobierno de Erdogan, polémico por sus políticas tildadas como “mano de hierro”, no se está caracterizando por ser un ejemplo democrático en la región euroasiática. Así continúa demostrándolo con su última decisión de retirar el plácet a una decena embajadores.
Las críticas emitidas por diez embajadores por el prolongado encarcelamiento en prisión del activista de derechos humanos, Osman Kavala, han derivado en que el presidente turco, Recep Tayipp Erdogan, les declarara como “personas non gratas”.
Las demandas por parte de los embajadores han sido recogidas en una misiva conjunta en la que piden la libertad del activista tras haber estado en prisión preventiva durante cuatro años. Kavala ingresó en prisión en el año 2017 y se le acusa de realizar “conspiraciones contra el Estado”, además de haber participado presuntamente en el intento del golpe de Estado de 2016, algo que ha sido negado de forma reiterada por parte del activista.
La declaración ha sido firmada de manera conjunta por parte de Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Nueva Zelanda, Canadá, Noruega, Estados Unidos, Francia, Finlandia y Suecia. En el comunicado, dichos países declararon que, “los retrasos continuos en el juicio, incluida la fusión de diferentes casos y la creación de otros tras una absolución, arrojan una sombra sobre el respeto a la democracia, el Estado de derecho y la transparencia del sistema judicial turco”, pidiendo por ello “una resolución justa y rápida” del caso.
Sin embargo, el texto escrito por los emisarios no ha sido la única petición realizada en este caso. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha pedido su libertad en más de una ocasión argumentando que su encarcelamiento es algo “arbitrario e ilegal”. Desde Turquía, sin embargo, sus respuestas no han sido titubeantes y Kavala ha cumplido su cuarto año encarcelado.
Tras las peticiones por parte de las distintas embajadas, Erdogan ha declarado que se ha dirigido al ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, para que “trate de inmediato la declaración de estos diez embajadores como de personas non gratas”. A esto ha añadido que “el día que no entiendan ni conozcan a Turquía se marcharan de aquí”.
De acuerdo con la Convención de Viena de 1963, si un Estado declara “persona non grata” al embajador de otro país, el Estado al que pertenece debe retirar a su representante en un plazo estimado. Si el país de procedencia no lo hace, el embajador será expulsado directamente del territorio, en este caso de Turquía.
Con esta nueva decisión Erdogan continúa ejecutando medidas antidemocráticas. A este nuevo caso le siguen una serie de decisiones que han puesto a Turquía en la cuerda floja. Hace dos años, el presidente turco decidía reformar la constitución del país para adjudicarse más poderes y poder mantenerse en el cargo mínimo hasta 2023.
En el caso de la justicia, organizaciones como Amnistía Internacional declaran que Turquía no respeta las garantías sobre “juicios justos” y debido a ello continúa ejecutando leyes antiterroristas ante casos que en la actualidad están protegidos por el derecho internacional en pro de los derechos humanos. A esto cabe sumarle que persiste el acoso reiterado hacia periodistas, activistas, usuarios de redes sociales y defensores de los derechos humanos.
La libertad de expresión en el país es un derecho endeble. Son múltiples los periodistas y trabajadores de medios de comunicación que están a la espera de juicio o cumpliendo penas de prisión por sus publicaciones. Algunos han sido penados por las leyes antiterroristas del país y están condenados a años de prisión, presentando sus publicaciones periodísticas como “pruebas de delito”.
