España intenta asegurarse el suministro de gas pese al conflicto entre Argelia y Marruecos
Con la subida de la electricidad convertida en un problema social y político, el Gobierno cuenta con cuestión relacionada con la energía que puede ser más relevante: asegurar el suministro de gas natural para los próximos meses. Este es el objetivo del viaje que esta semana realiza el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acompañado por los presidentes de las empresas más relacionadas con este tema: Antoni Llardén, de Enagás, y Francisco Reynés, de Naturgy.
Argelia es un país básico para la compra del hidrocarburo azul para España, suministra del orden del 45% del consumo, hasta ahora por tres vías: el gasoducto de Magreb-Europa, que entra en España por Tarifa desde Tánger; el gasoducto Medgaz, que no atraviesa Marruecos y que entra por Almería desde Beni Saf; y con buques gaseros.
Y a la tensión en los mercados internacionales de materias primas energéticas se une, en el caso de la península ibérica, el problema originado por la ruptura de relaciones diplomáticas entre los citados países magrebíes, que incluye el cierre de su espacio aéreo argelino a Marruecos. En este contexto, los expertos estiman que Argelia quiere anular el gasoducto del Magreb, para así evitar que parte del gas sea consumido por su país vecino, como se pactó hace más de dos décadas.
El conflicto en el norte de África llega además cuando concluye el próximo 31 de octubre el contrato del gasoducto del Magreb, y Argelia no está dispuesta a facilitar la renegociación. Pese a la existencia de la otra autopista gasista, el Magreb-Europa tiene una capacidad para transportar 11 bcm (miles de millones de metros cúbicos), mientras que la de Medgaz es de 8 bcm, aunque se pactó en julio ampliarla hasta 10 bcm.
El Gobierno español también intenta mediar para que Marruecos y Argelia se sienten para negociar un nuevo contrato para el antiguo gasoducto, aunque el conflicto histórico entre ambas naciones se agudiza por la imposibilidad mostrada para encontrar una solución al Sáhara Occidental, en la que España también es una parte implicada.
Mientras, la Justicia europea ha fallado a favor de las principales tesis del Frente Polisario y ha anulado los acuerdos agrícola y pesquero que fueron firmados por la Comisión Europea con Rabat en 2019. La causa es no haber consultado adecuadamente al pueblo saharaui, como reclamaba una sentencia anterior que ya tumbó la primera versión de estos convenios, que afecta al Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización.
