Caracas y Teherán han rechazado las sanciones impuestas por Washington contra los capitanes de cinco barcos iraníes

Estados Unidos versus Irán: la guerra de poder que se juega en las costas del Caribe

PHOTO/PALACIO DE MIRAFLORES via REUTERS - El buque cisterna iraní "Fortune" en el muelle de la refinería El Palito en Puerto Cabello, Venezuela, el 25 de mayo de 2020

“La historia de las luchas por el poder, y de las condiciones reales de su ejercicio y de su sostenimiento, siguen estando casi totalmente ocultas”. El filósofo y sociólogo francés Michel Foucault definía con estas palabras lo que para él era parte de la esencia de la microfísica del poder. A lo largo de la historia, esta autoridad se ha manifestado de diversas maneras, ya sea a través de conflictos o con la aplicación de sanciones internacionales.  Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha utilizado su estructura económica y política para sancionar a aquellas naciones que no se alineaban con sus intereses económicos y estratégicos. En este contexto, Washington ha impuesto este miércoles sanciones a los cinco capitanes de los barcos iraníes que llevaron recientemente gasolina a Venezuela. “Como resultado de estas sanciones, los activos de estas personas serán bloqueados. Sus carreras y perspectivas se verán afectadas por esta designación”, ha dicho el secretario de Estado de la nación norteamericana, Mike Pompeo. 

El Secretario de Estado Mike Pompeo, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, el miércoles 24 de junio de 2020 en Washington

Asimismo, durante su intervención Pompeo ha asegurado que seguirán “apoyando a la Asamblea Nacional, al presidente interino Guaidó y al pueblo venezolano en su búsqueda por restaurar la democracia”. En mayo, Teherán retó a Washington en las costas del Caribe con el envío de cinco petroleros que supuestamente habrían llevado 1,5 millones de barriles a Venezuela, un país sumido en una triple crisis (política, económica y social) sin precedentes.  Si ya de por sí, este país ha tenido y tiene que hacer frente a problemas como el desabastecimiento de productos básicos, el déficit fiscal o la inflación, la caída de los precios del petróleo en los últimos años ha empeorado aún más la situación económica que castiga a la nación bolivariana. La economía de este estado, miembro de la OPEP, se ha colapsado, al mismo tiempo que las exportaciones del país se encuentran en sus niveles más bajos en los últimos 70 años. 

La Casa Blanca considera una amenaza para sus intereses la llegada de los cinco petroleros a Venezuela. Durante los últimos meses, la Administración del presidente Donald Trump ha bloqueado el comercio de energía entre Irán y Venezuela con el objetivo de acabar con el Gobierno de Maduro. Y para conseguirlo ha amenazado con represalias a determinados puertos, compañías navieras y aseguradoras. En respuesta a estas sanciones, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Abas Musavi, ha calificado estas medidas como “desesperadas” y ha destacado que “a pesar de la presión de Washington hacia Irán y Venezuela, ambos países se mantendrán firmes en su lucha contra las sanciones ilegales de Estados Unidos”. “Las desesperadas acciones de Estados Unidos contra Irán (…) solo evidencian un fracaso total de la llamada política de máxima presión”, ha manifestado Musavi a través de su cuenta de Twitter. 

Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Mousavi

Su homólogo venezolano, Jorge Arreaza ha utilizado la misma red social para afirmar que las medidas impuestas por Estados Unidos son un “derroche de soberbia”. Arreaza considera que estas sanciones son “otra prueba de odio de los halcones de Donald Trump contra todos los venezolanos y venezolanas, más allá de sus posiciones políticas”. El canciller venezolano también ha resaltado que este elemento será presentado como prueba ante la Corte Penal Internacional (CPI). 

El pasado 13 de febrero, Arreaza denunció ante este organismo a Estados Unidos por “crímenes de lesa humanidad debido a las sanciones económicas impuestas a su país”. “Tenemos la convicción de que las consecuencias de estas medidas coercitivas unilaterales constituyen crímenes de lesa humanidad; en este caso, contra la población civil de Venezuela”, aseguró el diplomático venezolano en una rueda de prensa desde La Haya. “Son armas de destrucción masiva y solo con el multilateralismo plenamente activado, y en ofensiva contra la ilegalidad, podemos detenerlas; y no solo lo hará la República Bolivariana de Venezuela y su capacidad de resiliencia, sino el sistema multilateral, los Estados coordinadamente deben detener la barbarie y que se imponga el único imperio que debe existir que es el imperio de la ley”, enfatizó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores venezolano ha emitido un comunicado este miércoles en el que también critica el informe sobre el terrorismo publicado por EEUU. “Venezuela cumple con sus compromisos internacionales en materia de combate contra el terrorismo, y tiene al mundo por testigo de que en el caso particular del conflicto colombiano, Venezuela es firmante de los tratados de paz y garante de su cumplimento, como consta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, han subrayado. 

En este comunicado, el Ministerio ha afirmado que le “parece insólito que Estados Unidos pretenda acusar a Venezuela de no tomar medidas suficientes contra el flagelo del terrorismo” , al mismo tiempo que advierten de que “la República Bolivariana de Venezuela seguirá defendiéndose ante cualquier intento de atropellar su soberanía, por lo cual exige a Estados Unidos que ponga fin a su arrogante práctica de pretender evaluar y calificar las políticas públicas de otros países, así como también a su insana práctica de utilizar la lucha contra el terrorismo con fines propagandísticos para justificar su plan de agresión hacia Venezuela”.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza

El militar venezolano y ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino, ha utilizado la misma retórica durante un acto conmemorativo por el 199 aniversario de la Batalla de Carabobo – una de las principales acciones militares de la guerra de independencia de Venezuela --  para criticar que “el imperio norteamericano ha enfilado todas sus baterías para castigar, hambrear y someter al pueblo de Venezuela”. El autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, ha hablado de este batalla a través de Twitter. “Quedará en el Ejército redimirse, hacer su aporte a la recuperación de la soberanía plena de Venezuela y poderse llamar de nuevo herederos legítimos de Bolívar y Páez”, ha asegurado.

La caída de los precios del petróleo coincidió con el fallecimiento de Hugo Chávez.  Tras las presidenciales celebradas en 2013, Nicolás Maduro, el candidato elegido por su predecesor, ganó a su contrincante Henrique Capriles. Dos años más tarde, la oposición organizada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) se hizo con la victoria en los comicios parlamentarios. Así, si hasta 2015 el poder estaba  asumido en su práctica totalidad por el partido de Chavez y Maduro, a partir de las elecciones de ese año se rompe el monopolio del poder institucional y el poder comenzó a repartirse entre la Presidencia y la Asamblea. 

En enero de 2019, la crisis política de Venezuela empeoró después de que Maduro decidiese iniciar un segundo mandato de seis años; mandato que no reconocían ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional porque consideraron que los comicios celebrados el 20 de mayo de 2018 fueron un “fraude”. Ante esta situación, el máximo representante de la Asamblea, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela con el objetivo de “cesar la usurpación, crear un Gobierno de transición y celebrar elecciones libres”. 

Desde entonces, el enfrentamiento entre ambas instituciones ha empeorado la crisis económica, política y social que castigan al país. Tras demostrar el fracaso del modelo de estado centrista dependiente del petróleo, Venezuela tiene el reto de buscar medidas extraordinarias para responder a la actual crisis y para hacer frente a las sanciones impuestas por Washington, en una situación excepcional exacerbada por la pandemia de la COVID-19 que ha provocado la muerte de al menos 38 personas en el país.

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