La ausencia de transparencia política en Venezuela en tiempos de la COVID-19

Las organizaciones humanitarias advierten de que la ausencia de datos reales no les permite mantener su efectividad a la hora de ayudar a la población
Peatones y viajeros con máscaras faciales en medio de la propagación del nuevo coronavirus caminan por una acera donde paran los autobuses en Caracas, Venezuela, el lunes 1 de junio de 2020

AP/ARIANA CUBILLOS  -   Peatones y viajeros con máscaras faciales en medio de la propagación del nuevo coronavirus caminan por una acera donde paran los autobuses en Caracas, Venezuela, el lunes 1 de junio de 2020

El coronavirus se ha propagado por América Latina a un ritmo especialmente rápido en mayo, hasta tal punto que la Organización Mundial de la Salud ha situado a esta región como el nuevo epicentro mundial de la pandemia. La escasez generalizada de suministros médicos u otros bienes básicos o la inseguridad alimentaria que caracterizaba a Venezuela antes de la llegada de esta pandemia han convertido a la nación latinoamericana en una de las peores equipadas para hacer frente a la COVID-19. El Gobierno encabezado por Nicolás Maduro ha negado durante años la existencia de una crisis humanitaria. Sin embargo, la llegada de este patógeno y el colapso de los precios del petróleo le han obligado a buscar ayuda en el exterior, principalmente entre sus aliados políticos (Rusia, China, Irán y Cuba) y Naciones Unidas. La solicitud del Gobierno a la ONU abre una puerta de esperanza para que las organizaciones humanitarias puedan enviar ayuda a la población civil de este país. 

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro con una máscara facial mientras habla durante un anuncio televisivo, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 30 de mayo de 2020
AFP / PRESIDENCIA DE VENEZUELA / MARCELO GARCÍA - El presidente de Venezuela Nicolás Maduro con una máscara facial mientras habla durante un anuncio televisivo, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 30 de mayo de 2020

América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro mundial de la pandemia. Brasil, el país más extenso del continente, es la nación más afectada. En el caso de Venezuela, este jueves se han registrado 135 nuevos casos de la COVID-19, por lo que la cifra total de contagios supera los 2.000. En un discurso televisado, Maduro ha anunciado la detección de un “brote grande” de la enfermedad en una comunidad indígena pemón que vive en el estado amazónico de Bolívar, localizado en el sur del país. En este escenario los expertos de la OMS temen que los datos sean “inexactos o incompletos” y que, en consecuencia, el número de muertes y contagiados sea muy superior. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela ha publicado un informe en el que denuncia que el bajo número de contagios por esta enfermedad parece “inconsistente”, en comparación con la escala real de la epidemia. En respuesta, las autoridades del país han pedido una investigación a este organismo. 

El Ministerio de Sanidad venezolano dejó de publicar boletines epidemiológicos en mayo de 2017. Las últimas estadísticas gubernamentales disponibles, correspondientes a 2016, informaban de un aumento del 30 por ciento con respecto al año anterior en lo que respecta a la mortalidad infantil, según los datos a los que ha tenido acceso el portal web The New Humanitarian. Ante esta situación, Naciones Unidas ha decidido apoyar a las autoridades sanitarias de la nación presidida por Nicolás Maduro ampliando los esfuerzos para prevenir y controlar el brote de la COVID-19 y mejorando el acceso a la atención médica y el suministro de agua en el país.  Este plan se centra principalmente en el fortalecimiento del sistema sanitario e incluye diversas actuaciones, como el saneamiento en los hospitales o el suministro de información objetiva a la sociedad para evitar la propagación del virus y de la desinformación. Tan solo en abril, la ONU y otros socios humanitarios brindaron asistencia a 860.000 personas, de las cuales más del 50 por ciento eran mujeres. 

Un hombre se toma la temperatura como medida para prevenir la propagación del nuevo coronavirus, antes de que se le permita entrar a un mercado popular en el barrio de Catia en Caracas, Venezuela
AP/ARIANA CUBILLOS - Un hombre se toma la temperatura como medida para prevenir la propagación del nuevo coronavirus, antes de que se le permita entrar a un mercado popular en el barrio de Catia en Caracas, Venezuela

La situación de emergencia humanitaria que vive el país con esta pandemia ha llevado al Gobierno de Maduro y a la oposición del país, liderada por Juan Guaidó, a firmar un acuerdo con el que prevén que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) gestione dinero y otras ayudas para mejorar la atención sanitaria con respecto al coronavirus. “Ambas partes proponen trabajar coordinadamente con el apoyo de la OPS en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria causada por la pandemia”, ha anunciado el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. 

En este escenario, los trabajadores del ámbito sanitario y los periodistas se han convertido en el principal altavoz de la sociedad venezolana, aunque también se enfrentan constantemente a la censura a la hora de intentar dar datos exactos sobre la propagación del nuevo coronavirus.  El diario El Nacional ha informado hace unas horas de que una periodista de la emisora Candela91.9 FM fue detenida por haber grabado una discusión entre militares y ciudadanos en una estación de servicio. 

Un botiquín deteriorado se ve en el hospital de Guiria, en Guiria, Venezuela, el 14 de marzo de 2020
AFP/FEDERICO PARRA - Un botiquín deteriorado se ve en el hospital de Guiria, en Guiria, Venezuela, el 14 de marzo de 2020

Las organizaciones humanitarias advierten de que la ausencia de datos reales les impide mantener su efectividad a la hora de ayudar a la población. “Estamos en la oscuridad. Los ciudadanos no saben lo que está sucediendo en Venezuela, y no hay información veraz para el sector de las ONG”, ha dicho Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, una organización venezolana de derechos humanos conocida como CEPAZ al periódico The New Humanitarian. 

La censura se ha convertido en una constante dentro de los medios de comunicación que además tienen que contrastar la información constantemente, verificar todas y cada una de las estadísticas que se publican e incluso crear sus propias encuestas para obtener estadísticas más realistas sobre el impacto de esta enfermedad. “Las autoridades ocultan estadísticas y datos vitales de población. En los últimos años, esa opacidad ha prevalecido como política gubernamental. Tampoco conocemos las cifras actuales de malaria, sarampión, difteria, VIH y mortalidad infantil”, ha subrayado Mariana Souquett, periodista de un medio de comunicación independiente venezolano centrado en los derechos humanos llamado Efecto Cocuyo, según declaraciones recogidas por el medio mencionado anteriormente. 

La gente espera hacerse la prueba rápida de coronavirus en medio de una cuarentena para ayudar a detener la propagación de COVID-19
AP/ARIANA CUBILLOS - La gente espera hacerse la prueba rápida de coronavirus en medio de una cuarentena para ayudar a detener la propagación de COVID-19, en una carpa instalada a la entrada de un hospital en Caracas, Venezuela, el miércoles 15 de abril de 2020

Esta situación impide que los trabajadores de las ONG puedan elaborar políticas públicas adecuadas para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Estas organizaciones han intentado explicar a las autoridades que, si no se dispone de datos precisos, no se pueden identificar los problemas reales para planificar una respuesta. Mientras estas personas intentan mejorar la vida de los ciudadanos de la nación latinoamericana, tienen que hacer frente al miedo que supone poder ser detenidos arbitrariamente en cualquier momento. El Foro Penal, organización no gubernamental que lidera la defensa de los considerados presos políticos en Venezuela, denunció el pasado mes de abril que habían aumentado las detenciones arbitrarias en el país desde que se estableció el estado de alarma por coronavirus. Según los datos publicados por este organismo en abril, en Venezuela hay 335 personas privadas de libertad por razones políticas, 214 civiles y 121 militares. 

Antes de la llegada del coronavirus, hasta 2,4 millones de personas recibieron asistencia humanitaria dentro del Plan de Respuesta Humanitaria 2019. La escasez de combustible afectó al acceso humanitario y a la entrega de asistencia en zonas fronterizas y remotas. Los socios humanitarios han insistido durante los últimos años en que las condiciones operativas y de seguridad en el terreno, principalmente en estados como Bolívar, Táchira o Zulia, siguen sufriendo las consecuencias de los cortes de energía, los problemas de telecomunicaciones, el acceso de agua o las actividades de grupos de crimen organizado. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), debido a la falta generalizada de acceso, Venezuela se encuentra entre los 42 países a nivel global que necesitan ayuda externa para alimentos. La situación cambió por completo con la llegada de este virus a América Latina. El 16 de marzo, el régimen de Maduro anunció restricciones a la circulación entre los estados y ciudades de Venezuela para contener la propagación del virus. Al día siguiente, su gobierno suspendió todos los viajes internacionales y decretó el cierre de las fronteras con Brasil y Colombia.

Un hombre es sometido a una prueba rápida para el nuevo coronavirus
AP/ARIANA CUBILLOS - Un hombre es sometido a una prueba rápida para el nuevo coronavirus en una carpa instalada en la entrada de un hospital en Caracas, Venezuela, el miércoles 15 de abril de 2020

Este escenario impide a las ONG analizar donde están las necesidades. “Las posibilidades de obtener información de fuentes independientes, como los grupos técnicos que trabajan en el campo de la gestión de la información son muy difíciles. Tratamos de obtener información desde el terreno, pero dados los riesgos y las restricciones existentes, obtener esta información es arriesgado”, ha destacado Feliciano Reyna, director de Acción Solidaria, una organización sin fines de lucro con sede en Caracas a The New Humanitarian. Dadas las circunstancias, cada vez son más las instituciones y organismos que han decidido comenzar a elaborar sus propias estadísticas para evaluar las necesidades de este país.  

Mientras tanto, el envío de los buques y el acercamiento entre Irán y Venezuela, ambos miembros de la OPEP, ha provocado tensiones diplomáticas en la región, hasta tal punto que Estados Unidos ha decidido sancionar a cuatro navieras por llevar petróleo a la nación latinoamericana. Hace unas horas, el mandatario venezolano anunció que se desplazaría próximamente a Teherán para rubricar un gran acuerdo bilateral, desafiando así el embargo que ejerce Estados Unidos sobre ambos Estados. 

La gente pasa por delante de una gasolinera con un cartel que dice "No hay gasolina"
AFP/FEDERICO PARRA - La gente pasa por delante de una gasolinera con un cartel que dice "No hay gasolina"

El aumento de tensión y del número de detenciones, la ausencia de datos, los distintos desafíos logísticos relacionados con los retrasos en la importación de algunos suministros; junto a otras enfermedades como el sarampión o el dengue son tan solo algunos de los retos a los que se enfrentan las organizaciones humanitarias que intentan trabajar en Venezuela, un país sumido en una triple crisis (política, económica y social) desde el pasado 2013. Si ya de por sí Venezuela ha tenido y tiene que hacer frente a problemas como el desabastecimiento de productos básicos, el déficit fiscal o la inflación, la caída de los precios del petróleo en los últimos años junto con la llegada del coronavirus han empeorado aún más la situación económica que castiga a la nación bolivariana.