La Cámara de Representantes de Libia aprueba el presupuesto del Gobierno paralelo y ahonda la fractura institucional

La brecha entre las administraciones paralelas en Libia se agranda y parece ya irreversible. La Cámara de Representantes del este aprobó el miércoles el presupuesto anual del gabinete de Fathi Bashagha, el primer ministro elegido en febrero en el marco de una nueva división institucional ante la incapacidad del jefe de Gobierno de Unidad Nacional (GNU, por sus siglas en inglés), Abdel Hamid Dbeibé, de celebrar elecciones. Se trata de la primera vez en ocho años que el poder legislativo aprueba un presupuesto nacional.

Las cuentas salieron adelante por unanimidad. Hasta 103 diputados participaron en la votación, 98 desde la sede en Sirte y cinco por videoconferencia, aunque la Constitución precisa que para sacar adelante los presupuestos generales deben estar presentes en la sesión al menos 120 miembros de los 200 que componen la Cámara. Además, la votación se aprueba con el respaldo de dos tercios más uno, por lo tanto faltaron 17 votos para alcanzar los 120 necesarios.

Desde el este sostienen que el incumplimiento constitucional responde a las dimisiones o al fallecimiento de algunos diputados. El órgano lleva sin someterse a un escrutinio electoral desde 2014 y ha rechazado hasta cinco propuestas presupuestarias formuladas por el Ejecutivo encabezado por Dbeibé en el último año, desde que quedara establecido el GNU en Trípoli al término del proceso de paz de Ginebra.

El Parlamento aprobó movilizar un montante de 90.000 millones de dinares, según las declaraciones del portavoz Abdullah Blehiq, que equivalen a unos 18.000 millones de euros. Es una cantidad menor a la propuesta por Bashagha para “reconstruir el Estado”, que solicitaba un presupuesto superior a los 94.000 millones para dividirlos en cuatro capítulos de gasto, de los cuales 41.000 irían destinados a salarios, 8.000 a gastos de dirección y funcionamiento, 17.000 a programas de desarrollo y reconstrucción y, en última instancia, 26.000 destinados a subvenciones públicas, según las autoridades del este.

La aprobación presupuestaria ha sido considerada desde Trípoli como un movimiento para ejercer más presión sobre el Gobierno internacionalmente reconocido del empresario de Misrata, Abdel Hamid Dbeibé, testigo y, para algunos, responsable de una nueva duplicidad institucional como la que ya vivió Libia en 2014 con el estallido de la guerra civil. Desde el este, sin embargo, aseguran que no se trata de un movimiento en contra, sino a favor, y que el nuevo presupuesto ayudará a combatir la corrupción.

El recientemente reunificado Banco Central de Libia (CBL, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Auditoría con sede en Trípoli deberán decidir si aprueban o no el presupuesto de Bashagha. Lo más probable es que el CBL, cuyo gobernador, Saddek Omar El-Kaber, ocupa el cargo desde 2011 y preside de forma simultánea el banco Arab Banking Corporation con sede en Manama y oficina en Londres, rechace acometer el desembolso por los desencuentros del organismo con las autoridades del este.

El-Kaber declinó hace unas semanas la invitación del presidente de la Cámara de Representantes, Aguila Salé, para mantener una reunión en la que el socio del mariscal Khalifa Haftar pretendía negociar la financiación del presupuesto para el Gobierno paralelo antes incluso de que este fuera aprobado en sede parlamentaria. Fuentes del este insisten en que el CBL es una institución soberana bajo la autoridad del órgano legislativo, que es la Cámara de Representantes. Deben responder, por lo tanto, ante la Cámara de Representantes, y es la Cámara quien nombra o destituye al jefe del CBL.

“[El Banco Central de Libia] debe seguir las directrices del órgano legislativo. Así ha sido siempre en Libia, incluso durante el régimen de Gadafi”, trasladan a Atalayar fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato. “El anterior órgano legislativo nombró a Saddek y la Cámara de Representantes le permitió permanecer en su puesto”. Por este motivo, Salé declaró en mayo que si el BCL y otros organismos “obstructores” se niegan a financiar al Ejecutivo de Bashagha, tendrían que hacer frente a las consecuencias penales contempladas en la Constitución.

"La Cámara de Representantes no tiene poder para cambiar al Gobernador de la CBL según el Acuerdo Político Libio. Necesitan que el Consejo de Estado también esté de acuerdo en virtud del artículo 15 de la Constitución. Si pudieran destituirlo, lo habrían hecho hace mucho tiempo. Ya lo intentaron antes, nombrando a un nuevo gobernador de la CBL, pero el mundo ignoró esta medida unilateral", traslada a este medio el analista libio Ahmad Sehweli.

El escenario de fragmentación política ha provocado además el cese casi completo de la producción petrolera en el país. El Ministerio de Petróleo y Gas hizo pública esta semana una caída del 85% de la producción como consecuencia del bloqueo de las instalaciones petrolíferas llevado a cabo por manifestantes en contra de Dbeibé, según Reuters.

Libia se asoma de nuevo al abismo después de mostrarse incapaz de celebrar las elecciones generales previstas para el pasado 24 de diciembre. Sewehli indica que el fracaso se produjo por “problemas legales”. “La Cámara de Representantes liderada por Aguila Salé decidió aprobar sus propias leyes electorales, sin ni siquiera contar con el respaldo de todo el Parlamento, que no fueron aprobadas por el Alto Consejo Presidencial”. No hubo consenso para establecer un único marco legal vinculante.

Dbeibé alcanzó el poder aupado por el Foro del Diálogo Político Libio (FDPL), celebrado en Ginebra con el cometido de encarrilar el proceso electoral. No lo consiguió, y desde el este sostienen que su mandato expiró en diciembre. Mientras que en Trípoli acusan a las autoridades del este de obstaculizar el proceso de transición. “Dbeibé fue elegido por un grupo de 75 personas representativas de la sociedad libia en el marco de la ONU. En el otro ticket estaban Bashagha y Salé, y perdieron. Han estado saboteando el proceso porque no asumieron la derrota. Quieren estar en el poder”, sostiene el analista.

Las autoridades del oeste interpretan que la Cámara de Representantes trata de imponer el mandato de Bashagha con el fin de perpetuarse en el poder. “Bashagha reniega del Gobierno de Trípoli a pesar de haber luchado de su parte hace tres años durante la batalla por la capital cuando ejercía como ministro del Interior en el Gobierno de Acuerdo Nacional de Fayez Al-Sarraj”, subraya Sehweli. “Se pasó al otro bando hace un año”.