La CEPAL pide un ingreso básico para 214 millones de personas vulnerables en América Latina

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó este martes 12 de mayo el tercer informe especial sobre la pandemia de la COVID-19 y los efectos económicos y sociales que está teniendo en la región esta situación. Bajo el nombre ‘El desafío social en tiempos del COVID-19’, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, desde Santiago de Chile, presentó el nuevo documento, que se adhiere a los otros dos ya publicados por la comisión regional de las Naciones Unidas. 

Según la CEPAL, el impacto de la pandemia en la economía de la región ha sido tanto por factores externos (comercio, turismo…) como internos (desempleo, falta de demanda…) cuyo efecto conjunto va a producir “la peor contracción que la región ha sufrido desde 1914 y 1930”.

La previsión no puede ser más devastadora para una región que ya venía de una situación de desestabilización económica, política y social. La CEPAL calcula que la economía regional sufrirá una contracción del 5,3%, con una fuerte subida del desempleo, lo que tendrá unos efectos muy negativos sobre la población. Por ello, el aumento de la pobreza y de la extrema pobreza, hace casi inevitable el planteamiento de un ingreso vital mínimo.

Las medidas de confinamiento y distanciamiento social, que han sido necesarias para frenar la propagación del virus, han generado pérdidas de empleo (se calcula que en 2020 habrá 11,6 millones de desocupados más que en 2019), lo que reduce los ingresos laborales aumentado así la situación de vulnerabilidad, sobre todo, teniendo especial atención en los trabajadores informales, que superan el 40% y no tienen ninguna protección sanitaria ni social.

Bárcena señaló como uno de los factores a tener en cuenta la fragilidad que ya tenían los estados de bienestar en los países de América Latina y el Caribe: “La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y los productivo”, indicó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.

Por ello, es capital la construcción de un Estado de bienestar y un sistema de protección social universal para evitar una caída como la que vivió la región en los años ochenta. “La región se demoró 25 años en regresar a los niveles de pobreza previos a la crisis, y es probable que esta crisis implique un retroceso de 13 años”, aseguró Bárcena.

Para poder hacer frente a los impactos socioeconómicos de esta crisis, la comisión económica plantea a los gobiernos que garanticen las transferencias monetarias temporales inmediatas para, de esta manera, poder satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. “La pobreza en la región llegaría al 34,7% en 2020 si no se implementan las medidas anunciadas”, aseveró Bárcena. Traducido en cifras, la pobreza en la región aumentará de 186 a 214 millones de personas, y la pobreza extrema de 67 a 83 millones.

Por eso, la CEPAL propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (lo que cuesta una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) de 143 dólares durante seis meses. Esto implica un gasto adicional del 2,1% del producto interior bruto de la región.

Preocupan países como Argentina, que verá un incremento de la pobreza del 6,9% con respecto al 2019, así como México (5,9%) y Ecuador (5,1%), donde la caída de las remesas de los migrantes, como ya se está notando en otras naciones como El Salvador o Guatemala, aumentará aún más la crisis.

Asimismo, si aumenta la pobreza, lo mismo pasará con la pobreza extrema. La inseguridad económica y la pérdida de ingresos laborales harán que el 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones), sufrirán un deterioro significativo de su situación cayendo en la pobreza extrema. Pero también habrá un fuerte deterior de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios.

Para hacer frente a estas cifras en las prestaciones sociales, Bárcena apeló a crear un espacio inmediato para las políticas de corto y medio plazo con la reducción de la evasión y la elusión fiscal. “El monto de la evasión fiscal se establece en el 6,3% del PIB regional”, apuntó la alta funcionaria, lo que equivale a triple del gasto requerido para cubrir por seis meses a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza en 2020.

Los grupos especialmente vulnerables a esta crisis son las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas con discapacidad. Para ayudar a estos colectivos, en total se han aplicado 126 medidas de protección social en 29 países. Entre ellas, las transferencias monetarias y de alimentos, que alcanzan a 90,5 millones de hogares, un 58% de la población regional.

“Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible y a través de un nuevo pacto social-fiscal”, reafirmó la secretaria ejecutiva de la CEPAL.  

Así, el objetivo estratégico a largo plazo es un ingreso básico universal, que pueda incluir a estratos de la población muy vulnerables a caer en la pobreza. Un ejemplo sería el propuesto por México de una transferencia de salario mínimo por valor de 167 dólares mensuales, lo que equivaldría, en total, al 23,5% del PIB.