La justicia iraquí exige al Kurdistán entregar todo su petróleo a Bagdad
La región autónoma del Kurdistán iraquí –ubicada en el montañoso territorio del norte del país– se compone, desde el año 1991, de las provincias de Dohuk, Erbil y Solimania, y se extiende a lo largo y ancho de importantes yacimientos petroleros. De hecho, la producción y comercio de crudo supone para los kurdos una de las principales fuentes de ingresos. Por ello, y ante la ausencia de una ley federal que regulase esta cuestión, el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) promulgaba en el año 2007 una ley sobre la gestión de los hidrocarburos que le permitía administrar y comerciar con sus recursos de petróleo y gas.
Sin embargo, ante las demandas realizadas por el Ministerio de Petróleo iraquí (en 2012 y 2019) en contra de las exportaciones de crudo kurdo, sin la aprobación del gobierno federal, el Tribunal Supremo de Irak –máxima autoridad del país– emitía ayer una orden a favor de Bagdad por la que ha calificado la ley kurda de “anticonstitucional”.
El fallo de la sentencia –que fue publicado en el sitio web oficial del tribunal– ha declarado la obligación del “gobierno regional a entregar toda la producción de petróleo en los campos petroleros en la región del Kurdistán (…) al Gobierno Federal representado por el Ministerio Federal de Petróleo”.
Y, en la misma línea, ha incorporado un imperativo legal por el que el “Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) a permitir que el Ministerio de Petróleo iraquí y la Oficina Federal de Supervisión Financiera revisen todos los contratos petroleros celebrados con el Gobierno Regional de Kurdistán con respecto a la exportación y venta de petróleo y gas”. Esto incluye, también, todos los acuerdos relativos a la exploración y la extracción de los hidrocarburos con empresas y Estados extranjeros, permitiendo al Gobierno Federal de Bagdad conocer la participación de la región kurda en los presupuestos generales iraquíes.
Por su parte, las autoridades del GRK ha rechazado el veredicto de la justicia por considerarlo “injusto” y una violación “de los derechos y de las autoridades constitucionales de la región del Kurdistán”, tal como han afirmado para la cadena de televisión kurda, Rudaw, según Europa Press. “El objetivo [de la decisión del tribunal] es antagonizar a la región del Kurdistán y al sistema federal en Irak”, ha declarado el líder del Partido Democrático del Kurdistán, Masoud Barzani.
El riesgo de que las autoridades kurdas hagan caso omiso del fallo de la justicia es alto, y es que la disputa sobre el gas y el petróleo es un conflicto que se ha prolongado durante varios años entre el GRK y el Gobierno Federal iraquí. En este sentido, las declaraciones emitidas por los representantes kurdos han subrayado su postura: “El gobierno regional del Kurdistán no entregará los derechos de la región, contemplados en la Constitución, y seguirá adelante en su intento de alcanzar una solución constitucional con el Gobierno Federal".
Una de las cuestiones clave en los enfrentamientos entre Bagdad y Erbil –la capital del Kurdistán iraquí– de los últimos años, han sido las exportaciones petrolíferas del crudo kurdo. El Gobierno Federal ha exigido que todos los acuerdos estén sujetos a la supervisión del ministerio competente en la materia; el Ministerio Federal de Petróleo.
El punto álgido de las disputas se alcanzó en los años 2012 y 2014, cuando las autoridades iraquíes censuraron la postura de Turquía, donde el Kurdistán ha exportado parte de su producción de petróleo crudo para ser refinado, y que, posteriormente, Ankara ha introducido en los mercados internacionales. De hecho, el GRK mantiene un oleoducto que transporta el crudo desde la región iraquí de Kirkuk hasta Ceyhan, en Turquía.
Hasta el momento, el acuerdo vigente entre Irak –segundo mayor exportador de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con más de 3,5 millones de barriles al día– y el Kurdistán incluía la entrega de más de la mitad de la producción diaria de crudo (250.000 barriles de los 400.000 que se producen en total). A cambio, el Gobierno Federal de Bagdad garantizaba los salarios de los funcionarios kurdos; especialmente el de los combatientes Peshmerga –fuerzas armadas en el territorio.
