La parte oriental de Sudán pone en jaque a Jartum días después de repeler un golpe de Estado
Sudán registró el pasado 21 de septiembre un intento de golpe de Estado para tumbar al Gobierno de transición que dirige el país desde agosto de 2019. Entonces, las profusas y constantes movilizaciones contra el presidente Omar Hassan al-Bashir forzaron su dimisión después de tres décadas en el poder. Tres años después, la aparente estabilidad de la que gozaba el país se esfumó de un plumazo.
El gabinete interino, compuesto por civiles y altos mandos del Ejército, resistió el embate y achacó la autoría golpista a un reducido grupo de oficiales próximo al expresidente Al-Bashir. Aunque la soldadesca no consiguió poner fin al periodo transicional, lo que sí parece haber logrado es ahondar en la división social que asola al país africano desde hace décadas.
Centenares de personas se concentraron el domingo en las inmediaciones del Comité de Eliminación del Empoderamiento, el organismo encargado de cribar de las instituciones a los perfiles vinculados con el autócrata Al-Bashir. La intención de la masa era mostrar su respaldo a la comisión y cargar contra la figura del presidente del Consejo Soberano de Transición, el teniente general Abdelfatah al-Burhan, que actúa como jefe de Estado.
Horas después de la asonada, comenzó a extenderse el rumor que señalaba a la cúpula militar que mueve los hilos de la transición como principal promotora de la operación. Una acusación que el propio Al-Burhan negó, tachándolo de “pura invención”. El teniente general asumió el poder después de la caída de Al-Bashir y marcó la línea de actuación durante los siguientes 21 meses. Una vez vencido el plazo, Al-Burhan nombró a Abdallah Hamdok como primer ministro.
La coexistencia civil y militar en el Ejecutivo no ha sido sencilla. Un amplio espectro de la sociedad sudanesa siente aversión por el papel del Ejército después de 30 años de Gobierno militar. Un Gobierno de corte autoritario dirigido con mano de hierro por Omar Hassan al-Bashir durante el cual el país vivió una segunda guerra fratricida que acabó con la escisión en 2011 de Sudán del Sur y un conflicto en la región occidental de Darfur.
La atroz actuación de Al-Bashir en esta última disputa provocó que la Corte Penal Internacional (CPI) acusara al líder sudanés de crímenes de guerra, de lesa humanidad e incluso de genocidio contra las etnias fur, masalit y zaghawa. Un historial castrense que inflige miedo y provoca rechazo a pesar de las declaraciones del primer Hamdok, quien asegura que la división no es entre civiles y militares, sino entre los que apuestan por este proceso y los que se oponen a él.
Mientras los ánimos estaban encendidos en la capital, los Estados orientales próximos al mar Rojo, Kassala y Gadarif, regiones más empobrecidas del país a pesar de su enclave estratégico para acoger las cadenas de suministro, también atestiguaron una escalada de las tensiones entre tribus y movimientos armados, aunque de diferente signo. Desde el derrocamiento de Al-Bashir, las provincias fronterizas con Eritrea han supuesto un quebradero de cabeza para Jartum.
La zona oriental concentra una larga nómina de tribus, pero destacan dos: los beja, una variedad de etnias afroasiáticas de origen cuisita, y los pueblos árabes. Además de los nuba y los mestizos. Este mosaico tribal es una fuente constante de fricciones. La coexistencia es turbulenta, un motivo que explica los recientes enfrentamientos en el seno de las propias tribus, entre las diferentes ramas que las componen. El fin último es hacerse con el liderazgo y marcar la agenda política en las relaciones con la parte occidental del país.
En 2019, el Gobierno interino alcanzó un acuerdo de paz con los movimientos armados integrados en el Frente Revolucionario después de un año de negociaciones para acomodarlos en la nueva vida política de Sudán. Sin embargo, algunos componente tribales rechazaron de plano los términos del acuerdo y se negaron a cumplirlo, provocando una escalada de las tensiones desde octubre de 2020.
Las tribus hadwah, rama de los beja, se oponen al acuerdo, mientras que la tribu amer, también perteneciente al pueblo beja, se muestra a favor. Al tiempo que las tribus árabes permanecen al margen. Esto explica por qué el jefe hadwah, Mohamed El-Amin Turk, una reconocida figura política vinculada al expresidente Al-Bashir, instigó las últimas movilizaciones contra Jartum, que se saldaron con el bloqueo de dos oleoductos clave.
El Gobierno de transición consiguió el domingo frenar las protestas. Una delegación de Jartum encabezada por Shamsidín Kabashi, miembro del Consejo Soberano de Transición, estampó su rúbrica en un documento que comprometía al Ejecutivo resolver las reclamaciones del pueblo beja, que pretende adherirse al acuerdo de paz firmado en 2020 entre el Gobierno y los grupos rebeldes. Asimismo, Jartum reactivó el tránsito de petróleo a través de la región.
Los intentos de limpieza institucional no parecen haber sido eficaces. Si algo reveló la asonada es la existencia de funcionarios leales al régimen previo en la administración. Un factor que, sumado a las complejas divisiones sociales y tribales, impide un avance político efectivo en Sudán. Un país que hasta la fecha representaba una isla de estabilidad en mitad de una región turbulenta.
De forma simultánea, la notable división entre la sociedad civil y el Ejército pone de relieve un conflicto de intereses en el seno del Gobierno. Los altos mandos militares culpan a los políticos civiles de la crisis. Y es que los modelos de país que buscan unos y otros parecen incompatibles, aunque tan sólo el tiempo revelará el grado de solidez del Ejecutivo, que prevé la celebración de elecciones para finales del próximo año.
La implantación territorial del propio Estado es débil, por lo que una buena parte del poder recae sobre las tribus. Según los observadores internacionales, la reciente sublevación de la parte oriental del país amenaza con seguir la senda independentista del sur en caso de que no se den soluciones en el corto plazo.
En cualquier caso, la condición de paria internacional que cargaba a sus espaldas desapareció hace justo un año, cuando dejó de ser considerado “promotor del terrorismo”, coincidiendo con su incursión de última hora en los históricos Acuerdos de Abraham. La normalización de relaciones con Israel desbloqueó unas ayudas de 700 millones de dólares procedentes de Washington y facilitó una futura subvención de 2.000 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), unos beneficios que habrían expirado si la intentona golpista hubiera fructificado.
