El mandatario argentino lanza un plan para hacer frente a la “emergencia social”

La presidencia argentina de Alberto Fernández se marca como prioridad la lucha contra el hambre

AP/NATACHA PISARENKO - El presidente de Argentina, Alberto Fernández

El Gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández, puso en marcha este lunes el plan ‘Argentina contra el hambre’ que busca “garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población”, según ha recogido un decreto del Boletín Oficial que ha sido firmado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. El programa, que ya fue anunciado el mes pasado coincidiendo con la posesión del cargo presidencial por Fernández, proyecta una inversión pública de 60.000 millones de pesos (casi 1.000 millones de euros) con el objetivo de paliar el contexto de emergencia social que vive el país austral, como así lo describió su presidente. 

La medida incluye el reparto de una tarjeta alimentaria con crédito no destinado a ser extraído de los cajeros, sino que permite la compra de alimentos y el acceso a prestaciones como comedores escolares, merenderos y comedores comunitarios. Especialmente, esta tarjeta estará destinada a madres y padres con hijos de hasta 6 años que reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a mujeres embarazadas a partir de los 3 meses que también perciban alguna asignación de manos de este órgano. El tercer viernes de cada la tarjeta se recargará de forma automática. 

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Otro de los grandes ejes del plan estratégico del Gobierno argentino se basa en el fortalecimiento de los mercados populares y el “apoyo a la producción y comercialización de alimentos” a través del “financiamiento a productores de la economía solidaria” y el “apoyo a la producción de la agricultura familiar”. El objetivo del Ejecutivo quiere promover los espacios de comercio justo entre productores y consumidores sin intermediarios así como los créditos e incentivos a la agricultura familiar, principal sustentador de las familias más pobres del país. 

El programa cuenta con el objetivo de controlar la talla y el peso de los niños con la articulación de promotores de Seguridad Alimentaria y Nutricional y “un sistema de monitoreo y evaluación de resultados e impactos de las acciones que componen el plan” que puntualiza con los “hábitos saludables de alimentación, higiene y nutrición. 

El Gobierno de Fernández ha comenzado así su respuesta a “la problemática del hambre en la República Argentina” que “requiere de un enfoque integral, en tanto que la seguridad alimentaria está asociada al bienestar social y a su expresión en diferentes dimensiones (económica, cuidado, salud y educación entre otras”, según recoge el decreto. “Hoy visitaremos las comunidades indígenas del norte de Salta junto a Gustavo Sáenz (Gobernador de esta provincia), llevando el acompañamiento del presidente Alberto Fernández para trabajar de forma conjunta en la lucha contra el hambre y el acceso al agua”, ha publicado el ministro Arroyo en su cuenta de Twitter. 

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El aumento de la pobreza ha sido uno de los temas más contestados en los últimos meses en Argentina. El pasado mes de diciembre la Universidad Católica Argentina (UCA) basándose en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que la tasa de pobreza en el país sudamericano ronda el 32 por ciento en el último trimestre de 2019, aunque la propia UCA ha dado otra cifra basándose en sus propios cálculos que alcanza el 40,8 por ciento. Este tipo de informes siempre han constituido un motivo de debate en Argentina debido a que varias voces acusan a Cristina Fernández de Kirchner de haber manipulado estos datos. 

Sin embargo, en lo que los expertos están de acuerdo es que los habitantes del país han vivido en los últimos meses un recrudecimiento de la seguridad alimentaria y vulnerabilidad social. El último Gobierno de Macri no consiguió estabilizar o mejorar las condiciones de pobreza y la gestión de la crisis económica que atraviesa el país austral, lo que podría haber constituido un motivo de un rechazo a la renovación de su mandato por una parte del electorado; problemáticas que ahora se han convertido en una de las grandes estrategias de la legislatura de Alberto Fernández que arranca este año. 
“Ya sé que los que están mejor les duele que uno les pida más esfuerzo, pero todo ese dolor será saldado cundo veamos que ya en Argentina no hay hambre”, sostenía el presidente Fernández el pasado miércoles en un acto en La Leonesa. Así el presidente argentino ha apelado a la solidaridad ante la situación de precariedad que arrastra una buena parte del país. Es por esto que Fernández ha aprobado una ley de “emergencia económica” mediante la cual se han cambiado los tipos impositivos y por la que se ha creado el tributo “solidarios” que grava en un 30% la compra de divisas extranjeras y los gastos en el exterior o el alza en los derechos de exportación.

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 Según ha afirmado a Efe el economista jefe de la consultora Econométrica, Ramiro Castiñeira, la “ley de solidaridad y reactivación productiva”, o el “impuestazo” para el sector más crítico, implica un ajuste fiscal por más de 2,4% del PIB recaerá sobre la producción agraria y las pymes que pagarán alrededor de 3.000 millones de euros en nuevos impuestos. Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Fernández se quiere preparar para las próximas negociaciones claves con los acreedores de deuda soberana con esta ley buscando el ahorro fiscal entre el 1 y el 1,9 por ciento, según diferentes cálculos o incluso llegar al superávit del 0,7% para 2020, según otras proyecciones económicas. 

Además, con esta ley el Gobierno de Argentina se encuentra inmerso en un proceso de emisión de deuda a diez años, por un valor de alrededor de 4.500 millones de dólares para destinarlos al pago de la deuda, especialmente el Ejecutivo pretende mostrarse abierto a pagar la deuda cuanto antes, aunque pretende buscar plazos más amplios en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, principal acreedor. Sin embargo, Argentina no tiene por delante buenos datos recuperación económica en 2020, Alberto Fernández tendrá que hacer frente a una bajada del PIB del 1,6 por ciento, y especialmente a un pronóstico de aumento de la inflación hasta un 42,2%, según expertos consultados por el Banco Central. 

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