La sombra de la amenaza de Daesh se cierne sobre Libia
Libia es un país polarizado que se caracteriza tanto por su pluralidad étnica como por su homogeneidad religiosa. Tras la ejecución de Muamar El Gadafi en octubre de 2011, la nación norteafricana se ha convertido en un país marcado por la fragmentación. Casi nueve años después del inicio de la intervención de la OTAN contra el régimen de Gadafi, Libia es una nación dividida entre las zonas controladas por el internacionalmente reconocido Gobierno de Acuerdo Nacional, por un lado, y el territorio controlado por las autoridades del este, leales a las milicias de Haftar, por otro. El conflicto se ha intensificado en los últimos meses por la injerencia de potencias extranjeras interesadas en esta región, sobre todo por sus yacimientos petrolíferos. Esta situación de inestabilidad ha creado el campo de cultivo perfecto para la reorganización y aparición de grupos terroristas como Daesh, según han denunciado varios medios locales durante las últimas semanas.
El Ejército Nacional Libio (LNA), liderado por Haftar, anunció hace una semana la detención de Muhammad al-Ruwaidani, conocido como Abu Bakr al-Ruwaidani, uno de los integrantes más peligrosos de Daesh. Este detención tuvo lugar al mismo tiempo que un nuevo contingente de al menos 500 mercenarios procedentes de Siria llegaba a Libia. Varias horas más tarde, la organización terrorista Daesh se atribuía la responsabilidad del ataque contra el batallón 628 del LNA en la entrada de la ciudad de Taraghin, al este de la ciudad de Murzuq, en el suroeste del país. Un portavoz del LNA ha revelado este domingo al diario Al Ain News que las fuerzas del Ejército detectaron en el punto más meridional de la nación norteafricana, situado en Murzuq y las montañas Haruj, unos 15 vehículos armados que podrían estar avanzando hacia esta zona para “llevar a cabo un nuevo acto terrorista”.
En este sentido, el periódico mencionado anteriormente advierte de que es probable que las personas que conducen estos vehículos sean de nacionalidad siria o procedentes de los “consejos terroristas de Shura que huyen de Bengasi y Derna, leales a Al-Qaeda”. Así, este diario ha incidido en la posible relación entre el grupo leal a Ali Kana, el líder de las llamadas Fuerzas de Protección del Sur, afiliadas a Fayez Sarraj, y mercenarios originarios de Chad que luchan en la ciudad de Trípoli. Por esta razón, el LNA ha denunciado la entrega de armas y municiones a mercenarios cerca de la frontera libio-chadiana, en las montañas de Harouj.
“El Gobierno de Sarraj es responsable de cualquier acción que amenace la paz y la seguridad civil en Libia, ya que es el encargado de traer mercenarios y de proporcionarles armas y equipos”, ha asegurado Ziad al-Shaibani, un analista político libio que ha sido entrevistado por Al Ain News. Al-Shaibani ha explicado que casi 7.000 familias han tenido que huir de la ciudad de Murzuq por el apoyo ilegítimo del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) a la oposición chadiana y a Daesh, concretamente el 15 de agosto de 2019. “El objetivo de esta alianza era recuperar el control de la ciudad. Esta actuación no deja ninguna duda de que Sarraj es el responsable de albergar, transportar y proporcionar armas a terroristas”, ha recalcado.
En esta misma línea, este analista político considera que estas hostilidades “no son el resultado de la actual situación de inestabilidad”. Según ha explicado, en enero de 2019, el LNA lanzó una operación policial para purgar el sur de las organizaciones terroristas y de las milicias de Sarraj que usaban las fronteras para “dedicarse al contrabando de mercenarios procedentes de Chad y vender petróleo libio que había sido robado”. Por su parte, el abogado libio especializado en derechos humanos, Mohamed Gabriel al-Lafi ha señalado a Al Ain News que “las operaciones de contrabando aumentaron con la entrada de forajidos criminales y terroristas y pandillas transfronterizas, como mercenarios chadianos y algunas pandillas nigerianas”. Sin embargo, según Al-Lafi, estas organizaciones volvieron a sus prácticas criminales y comenzaron a cooperar con el Gobierno de Sarraj, reconocido internacionalmente y con sede en Trípoli.
Todo ello mientras Ankara continúa violando las resoluciones internacionales que prohíben el suministro de armas a Libia. Hasta ahora, Turquía ha trasladado a la nación norteafricana a más de 10.000 mercenarios, la mayoría precedentes de Siria, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
A lo largo del fin de semana, al menos cinco personas han perdido la vida y otras 12 han resultado heridas en un ataque que ha tenido lugar en Trípoli. La misión de la ONU en Libia ha condenado una vez más este tipo de ataques indiscriminados contra las zona civiles de Trípoli y ha insistido en que la mayoría de estas actuaciones son atribuibles a las fuerzas leales al Ejército Nacional Libio.
Las autoridades del este lideradas por el general Jalifa Haftar controlan la mayor parte del país y desde abril de 2019 intentan extender su poder en las regiones que están aún en manos del Gobierno de Acuerdo Nacional. Haftar cuenta con el respaldo de Rusia, Egipto, Emiratos Árabes y Arabia Saudí; mientras que el Gobierno de Trípoli, respaldado por los Hermanos Musulmanes, recibe ayuda militar de Turquía y Qatar.
