La sombra de la violencia y del coronavirus amenazan el proceso de paz en Colombia

La firma del Acuerdo de la Paz tras varios años de negociaciones entre las FARC-EP y el Gobierno es uno de los acontecimientos políticos más relevantes de la historia reciente de Colombia.  Treinta y cuatro años, nueve gobiernos y siete presidentes fueron necesarios para que una aparente paz llegase a este país en 2016.  Sin embargo, cuatro años más tarde Colombia sigue trabajando para cerrar las heridas abiertas de este conflicto. El jefe de la misión de la ONU en la nación latinoamericana ha presentado este martes el último informe sobre la situación del país ante el Consejo de Seguridad, en el que exige medidas urgentes contra el asesinato de defensores de derechos humanos y denuncia la aparición de redes de crimen organizado dedicadas, entre otras actividades, al reclutamiento de menores. 

Los efectos de la pandemia del coronavirus – advierte este documento – en la aplicación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto han quedado “cada vez más patentes”. “La pandemia y las medidas de distanciamiento social y aislamiento han afectado a los programas relacionados con la paz y han tenido repercusiones negativas considerables en las comunidades vulnerables afectadas por el conflicto”, ha alertado. 

Si bien las instituciones del Estado se han adaptado a esta nueva realidad, la persecución a los defensores de derechos humanos ha continuado.  En lo que llevamos de año, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos ha registrado un total de 32 casos de homicidios de líderes sociales (incluidas 4 personas de comunidades étnicas y 4 mujeres), y otros 47 casos están siendo verificados (entre ellos los de 3 mujeres, 13 personas de comunidades étnicas y 1 integrante de la comunidad de personas LGTBI). En el complejo escenario colombiano, el Departamento del Cauca sigue teniendo los niveles más altos de violencia contra líderes sociales, de acuerdo con este informe. 

Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y representante especial del secretario general de la ONU, António Guterres, ha reconocido la “perseverancia” tanto del Gobierno como de las FARC en continuar con los “esfuerzos de consolidación de la paz a pesar de las dificultades que plantea la pandemia”. “La inseguridad que enfrentan los ex combatientes de las FARC-EP, las comunidades, los defensores y defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sigue siendo nuestra mayor preocupación. Lamentablemente esta situación ha continuado durante la pandemia”, ha recalcado haciendo hincapié en que esta violencia se produce principalmente “contra quienes dejaron armas, quienes defienden derechos humanos y de comunidades devastadas por el conflicto”.

Durante su intervención ha destacado que el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo Final en 2016 ha ascendido a 210. “La violencia sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia”, ha advertido.  Asimismo, ha dicho que la presencia consolidada e integrada de instituciones del Estado es la mejor solución a largo plazo para la violencia que azota a las regiones rurales. Ruiz Massieu también ha recordado que el Acuerdo diseñó mecanismos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o el programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios. 

El representante especial del secretario general de la ONU ha instado al Gobierno y a las FARC a que fomenten el liderazgo de las mujeres excombatientes en la reincorporación social, económica y política. “Confío en que el Consejo Nacional de Reincorporación de prioridad a las recomendaciones en su mesa técnica de género”. “No hay justificación para seguir infligiendo violencia a colombianos vulnerables que están pasando por enormes dificultades. Hemos visto cómo los ceses temporales de la violencia pueden aportar alivio a las comunidades que sufren en el terreno”, ha agregado. Por último, durante su discurso ante el Consejo de Seguridad, ha alentado a la población colombiana a que permanezca “unida” mientras navegan por esta crisis y a que mantengan “sus acciones fijadas en sus objetivos comunes de seguridad, desarrollo y paz genuina y duradera”. 

Aun así, el Gobierno ha defendido que la implementación del Acuerdo Final sigue avanzando a pesar de esta situación. La ministra de Exteriores colombiana, Claudia Blum, también ha intervenido ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la sesión de presentación de informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU. Blum ha insistido en que, a pesar del contexto provocado por la actual crisis sanitaria, el Ejecutivo del que ella forma parte “sigue trabajando sin descanso” para cumplir los términos establecidos en el documento firmado en 2016. “No hemos retrasado ninguna de las áreas de trabajo que comprende la política de Paz con Legalidad. Su implementación es una prioridad del Gobierno del presidente Iván Duque”, ha señalado. 

La canciller colombiana ha recalcado que todas las entidades encargadas de trabajar por la paz en la nación latinoamericana han adoptado medidas para “la prevención, atención y mitigación de riesgos de la COVID-19”. “Los beneficiarios de esas medidas incluyen a los excombatientes, las víctimas y los agricultores comprometidos con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos”, ha dicho. 

Asimismo, ha aclarado en un comunicado de prensa publicado al finalizar la reunión que “en las regiones en las que se están ejecutando los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se han financiado con regalías de la explotación petrolera y minera 186 proyectos por 423 millones de dólares, desde el inicio del Gobierno. Las agencias gubernamentales también continúan comprometidas con 100.000 familias que han expresado su voluntad de abandonar el cultivo de coca y transitar hacia la legalidad”. 

Tal y como se estableció en el acuerdo firmado en 2016, la canciller ha asegurado que el éxito y la sostenibilidad de la reincorporación de los excombatientes “son decisivos para evitar nuevos ciclos de violencia”. “Seguimos trabajando con determinación para apoyar sus proyectos productivos. El número de beneficiarios de los proyectos puestos en marcha en el primer semestre de este año se incrementó en un 71% en comparación con el mismo período de 2019”, ha destacado. 

A pesar de estos datos, la ministra colombiana ha denunciado lo que ha definido como “una campaña de desinformación y tergiversación” por parte de quienes afirman que “el Gobierno mantiene un doble discurso frente a la implementación del Acuerdo firmado con la antigua guerrilla de las FARC”. Ante estas circunstancias ha explicado que el Gobierno ha articulado diversas acciones para fortalecer “la prevención, la protección individual y colectiva, y el apoyo a la investigación y el enjuiciamiento”. 

El cuarto punto del acuerdo establecía los pasos a seguir para encontrar una solución al problema de las drogas ilícitas. En este contexto, la canciller ha resaltado que “el ambiente complejo y la amenaza que plantean los grupos armados organizados dedicados al tráfico de drogas y la minería ilegal es el factor generador de la violencia que se concentra en determinadas regiones del territorio” y ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la reducción de este tipo de cultivos. 

En cuanto a la denuncia de los ataques contra defensores de Derechos Humanos, Claudia Blum ha indicado que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 y el mismo periodo de 2019 se observa una reducción del 30% en el número de homicidios. “Si se comparan estos mismos periodos del año 2018 y del año 2020 se confirma la tendencia de reducción. La Fiscalía ha logrado el esclarecimiento en el 54,3% de las investigaciones. El Gobierno de Colombia ha condenado enérgicamente los asesinatos y agresiones cometidos en contra de los defensores de derechos humanos, quienes constituyen un pilar fundamental de nuestra democracia y no descansará hasta que cesen esos ataques”, ha dicho. 

“El Gobierno del presidente Iván Duque está firmemente comprometido con la construcción de la Paz. El apoyo de las Naciones Unidas es fundamental para seguir avanzando en la estabilización y el desarrollo de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. En medio de la actual crisis mundial, no disminuiremos nuestros esfuerzos y seguiremos dedicando todos los recursos posibles para lograr los resultados que nuestros ciudadanos merecen”, ha concluido. La ONU ha presentado este informe pocos días después de que Cuba decidiese mantener por el momento su condición de garante de la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.

Las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano liderado por aquel entonces por el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) tuvieron lugar en Oslo y la Habana y obtuvieron como resultado final la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto.  En ese documento se establecía la hoja de ruta a seguir durante los años venideros y se sentaban las bases para la aplicación de distintas reformas. En concreto una rural al entender que la ausencia de seguridad en estos lugares ha condicionado el hecho de que el conflicto persistiera en el tiempo. Esta reforma pretende acabar con la pobreza rural extrema y disminuir la brecha entre el campo y la ciudad, promover la igualdad y desarrollar la agricultura. Para ello se estableció un fondo de tierras para asignarlas a campesinos y comunidades rurales. También proponía la puesta en marcha de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, poblacional, étnico y de género. Son algunas de las muchas medidas que se propusieron para reactivar las zonas más dañadas por el conflicto. 

El segundo punto apostaba por la apertura democrática para construir la paz. El acuerdo hablaba de facilitar el acceso al escenario político para aumentar el número de opiniones en el Congreso; por otro lado, se convocaba a los partidos a definir el Estatuto de Oposición, prometido en 1991. Se exigía, además, la existencia de mecanismos de transparencia electoral, así como una reforma del régimen existente hasta el momento y apostaban por implementar el papel de la mujer en la política. Todo ello con el objetivo de favorecer el debate alrededor de las cuestiones de interés nacional del país.  Una de las medidas que más repercusión ha tenido ha sido la creación de “Circunscripciones Transitorias Para la Paz”.  

El tercer punto del Acuerdo de Paz tiene como objetivo acabar definitivamente con las hostilidades entre las FARC y el Gobierno.  Bajo unos principios orientadores de respeto a los derechos humanos se establece un cronograma y una serie de medidas. En cuanto a las medidas de protección destaca el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, así como la creación de un cuerpo especial de protección de naturaleza mixta en la Unidad Nacional de protección de excombatientes.  Las medidas de justicia son el diseño de una política de sometimiento a las organizaciones criminales y de una unidad de investigación de crimen organizado.  

Respecto a las medidas de seguridad estas incluían un cuerpo élite de policía, un programa integral de seguridad y protección para las comunidades, instrumentos de prevención y monitoreo de organizaciones criminales y un mecanismo nacional de supervisión de servicios. Por último, las medidas políticas pasaban por la firma de un pacto político nacional, la creación de una Comisión Nacional de seguridad y la prevención y lucha contra la corrupción. Por último, se establecían los pasos a seguir para garantizar el cese al fuego y el abandono de todo tipo de armas para la reincorporación de las FARC a la vida civil. 

El cuarto punto era la búsqueda de una solución al problema de las drogas ilícitas. Para ello este acuerdo promueve la creación de un programa integral de cultivos de uso ilícito o aumentar la presencia del estado en los territorios afectados.  Además, se idearon varias políticas de prevención para evitar el consumo de este tipo de sustancias al considerar que son un problema de salud pública.  Por último, refuerza los mecanismos para desarticular organizaciones criminales que se dediquen a la distribución, comercialización o plantación de este tipo de sustancias.  En el último punto, se expusieron los cimientos sobre los que más tarde se construiría una nueva política transicional colombiana, centrada en diseñar políticas para defender los derechos de las víctimas: verdad, justica, reparación y garantías de no repetición.

El ministerio de Sanidad ha informado este miércoles de que la nación latinoamericana ha superado los 159.898 contagios de coronavirus al sumar 5.621 casos nuevos este martes, 994 de ellos en el departamento de Antioquia. Según el último boletín diario, al menos 170 personas han perdido la vida 45 de ellas en Bogotá, seguida de los departamentos de Atlántico (40), Córdoba (26), Valle del Cauca (16), Antioquia (15), Cundinamarca (5), Chocó y La Guajira (4), Bolívar y Nariño (3).