La voz de los uigures que China quiere silenciar
Cada año desde 1988, el Parlamento Europeo otorga el Premio Sajárov a la libertad de conciencia; un reconocimiento que premia el compromiso de un particular o de un colectivo con la defensa de los derechos humanos. A lo largo de su historia, han recibido el galardón personalidades como el expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela, la activista paquistaní Malala Yousafzai o el exsecretario general de Naciones Unidas Kofi Annan.
En la presente edición, el honor ha recaído sobre un perfecto desconocido para el público. El de Ilham Tohti no es -todavía- un nombre ni medianamente reconocible para el ciudadano medio. Su candidatura, propuesta por el grupo parlamentario centrista Renew Europe, ha convencido a la cámara comunitaria por encima del de la activista medioambiental brasileña Marielle Franco o el del opositor ruso Alexéi Navalni.
La elección, tiene un calado político y diplomático muy profundo. Para algunos, Tohti, que sucede al cineasta ucraniano Oleg Semtsov en el palmarés, ha representado la esperanza; otros, lo han calificado como un “difusor de rumores y propaganda incendiaria”. ¿Por qué? ¿Quién es Ilham Tohti?
Tohti, de 49 años, es originario de Artux, una remota ciudad de la región china de Xinjiang, a pocos kilómetros de la frontera con Kirguistán. Ha desempeñado su carrera profesional en el mundo académico. Después de haber estudiado en dos universidades de su país, pasó a ejercer como catedrático de Economía en un centro de educación superior en Pekín.
En paralelo a su actividad como profesor, decidió seguir prestando atención a sus orígenes. Tohti es uigur. Los uigures constituyen un grupo étnico de origen túrquico establecido en Xinjiang desde hace siglos. Mayoritariamente, profesan una rama del islam tolerante y abierta. Solo en China residen más de 11 millones de uigures, lo que los convierte en una minoría con cierto peso. Otros tantos, aproximadamente, conforman la diáspora. El problema para ellos es que el Estado chino, sin embargo, está copado por los han, la etnia dominante en el gigante asiático. En las últimas décadas, la Administración no solo no ha garantizado sus derechos, sino que los ha vulnerado de forma sistemática.
Tohti decidió tomar partido y ponerse a escribir sobre el tema. Su mensaje en pro del diálogo y el entendimiento, con algunas críticas al Ejecutivo, pero sin estridencias, no gustó en Pekín. Se le prohibió impartir clase durante cuatro años y su producción académica fue vetada en los circuitos de publicación. No obstante, el ya consolidado activista encontró una vía de escape a la censura a través de internet. El portal uyghurbiz.net le abrió la posibilidad de seguir denunciando los abusos practicados sobre los uigures.
En 2014, todo se truncó definitivamente. La Policía se llevó detenido a Tohti porque criticó la respuesta, a su parecer desmedida, del Gobierno a un atentado perpetrado en Pekín. Después de ser sometido a tratos degradantes durante semanas, un tribunal ratificó la acusación de delito de separatismo vertida sobre él. Fue condenado a cadena perpetua. Actualmente, sigue detenido en un severo régimen de aislamiento. Su familia lleva sin poder verlo desde 2017. “Ni siquiera podemos estar seguros de que recibirá la noticia”, se ha lamentado el eurodiputado liberal británico Phil Bennion en declaraciones recogidas por la agencia EFE.
La trayectoria vital de Tohti es representativa de las penurias que vienen padeciendo los uigures desde hace tiempo, y especialmente desde 2014 -coincidencia o no, el año en que el economista fue detenido. El presidente Xi Jinping se propuso, desde entonces, acabar con el aura de verso suelto que envolvía a los uigures. Más efectivos para los cuerpos de seguridad, cámaras de vigilancia en las calles, control sobre datos bancarios, acceso a ordenadores y teléfonos móviles… Las autoridades aseguraron una infiltración efectiva en todos los rincones de Xinjiang.
La joya de la corona, sin embargo, aún estaba por llegar. Apareció en 2017. Oficialmente, un programa de “transformación a través de la educación”; según organizaciones para la protección de los derechos humanos, un sistema de campos de concentración asimilable al archipiélago gulag. Naciones Unidas estima que más de un millón de uigures permanecen confinados en estos recintos donde las amenazas de muerte, los abusos sexuales y las torturas son cosa corriente.
Con el reconocimiento a Tohti, Bruselas lanza todo un aviso a navegantes. Es un mensaje político contundente al régimen de Xi Jinping: “Con este galardón, instamos con fuerza al Gobierno de China a que libere a Tohti y apelamos al respeto de los derechos de las minorías”. Así de explícito se ha mostrado el recién nombrado presidente del Parlamento David-Maria Sassoli. Además, el comunicado publicado por el legislativo comunitario en su página web alaba al condecorado por su “promoción de los valores islámicos moderados ante la represión religiosa dirigida por el Estado”.
La respuesta del país asiático no se ha hecho esperar. “No conocemos este premio que mencionan. Lo que sí sabemos es que Ilham es un criminal que fue condenado de acuerdo con la ley por un tribunal chino”, ha manifestado el Ministerio de Exteriores a la agencia Reuters. La institución ha reclamado que nadie se inmiscuya en los asuntos internos y la soberanía judicial del país para no “inflar la arrogancia de los terroristas”.
Está por ver qué efectos concretos supondrá el nombramiento para las relaciones entre la Unión Europea y China. Aunque estos lazos son, fundamentalmente, comerciales, ambas partes han discutido bilateralmente asuntos políticos con anterioridad; el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) mantiene abierto un marco de diálogo sobre derechos humanos con el país asiático. La última sesión tuvo lugar a principios del pasado mes de abril. En el curso del encuentro, los representantes comunitarios ya reclamaron la liberación de varios activistas uigures y tibetanos encarcelados.
El Premio Sajárov, dotado con 50.000 euros, no es el primer galardón que recibe Ilham Tohti. En 2018, ganó el premio Ennals, considerado el equivalente al Nobel en cuestiones de derechos humanos. Es entregado cada año por diez organizaciones de la sociedad civil, entre las que figuran Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
No pudo recoger aquel premio ni podrá recoger el del Parlamento Europeo. La ceremonia de entrega, prevista para el próximo 18 de diciembre, se celebrará en su ausencia.
