El consulado iraní de la ciudad sureña de Najaf ha sido el segundo en arder en los casi dos meses de protestas en Irak. Manifestantes antigubernamentales prendieron fuego al edificio, situado en el corazón de la urbe sagrada chií, que, además, se configura como escenario base de las autoridades religiosas de esta confesionalidad. En dicho episodio de violencia, seis manifestantes fallecieron y más de 33 resultaron heridos, tras las cargas efectuadas por las fuerzas de seguridad con munición real. Los inquilinos del consulado fueron evacuados por la puerta trasera y no sufrieron daños.
El toque de queda fue declarado después del incidente y hasta nuevo aviso. Tanto las autoridades de Bagdad como las de Teherán ya han condenado el ataque. En un comunicado del Ministerio de Exteriores iraquí, se declara que el sabotaje fue realizado “con la intención de dañar las históricas relaciones entre Irak e Irán y con el resto de los países”. En el caso iraní, una nota publicada en la agencia oficial de noticias IRNA, que cita al portavoz de la Política Exterior, Abbas Mousavi, recoge la petición al Ejecutivo iraquí para que adopte medidas “responsables y efectivas para responder a los agresores”.
Cabe recordar, en este punto, que el pasado 4 de noviembre, el consulado de Irán situado en la ciudad iraquí de Karbala, amaneció envuelto en llamas. La bandera verde, blanca y roja fue reemplazada por la roja, blanca y negra. Esto ya fue considerado como la viva representación de lo que llevaba aconteciendo en las últimas semanas; la imagen que mejor ilustraba el descontento del pueblo iraquí, que iba in crescendo a medida que la injerencia de Teherán se hacía cada vez más palpable sobre el terreno.
La publicación reciente de los denominados ‘IranLeaks’, una investigación de The Intercept y de The New York Times que prueba la vasta red de influencia de Teherán en Irak, no ha contribuido a amainar los ánimos del pueblo iraquí, sino que ha conseguido todo el efecto contrario. “La filtración sin precedentes […] detalla años de arduo trabajo de espías iraníes para cooptar a los líderes del país, pagar los agentes iraquíes que trabajan para que los estadounidenses cambien de bando e infiltrarse en todos los aspectos de la vida política, económica y religiosa de Irak”, revelaban los autores del estudio.
En este contexto, cabe destacar que el punto de inflexión que sentó las bases para el descontento iraquí fue la celebración de las elecciones legislativas al Consejo de Representantes en mato de 2018. El resultado de los comicios arrojó la victoria de la coalición Sairún (‘Marchamos’, en español), encabezada por el clérigo chií Muqtada al Sadr. Este fue uno de los primeros acontecimientos que marcaron el auge exponencial de la injerencia iraní en Bagdad -si bien ha mostrado su apoyo a las protestas-, junto con la proliferación de las milicias pro-iraníes Hashd al-Shaabi o Fuerzas de Movilización Popular (PMF, por sus siglas en inglés) o las acciones de Hizbulá para dinamitar las manifestaciones. Las constantes visitas del comandante de las Fuerzas Quds -el cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán-, Qassem Soleimani, tampoco han sido bien recibidas por el pueblo iraquí.
Las protestas también se recrudecieron esta madrugada en la ciudad sureña de Nasiriyah -capital de la provincia de Dhi Qar y epicentro de las manifestaciones- donde, según las fuentes consultadas por Al-Arabiya, al menos ocho personas han muerto y una veintena han resultado heridas. El pueblo iraquí de dicha localidad también ha protagonizado sentadas masivas en el campo petrolífero estatal ubicado allí, del mismo modo que ha sucedido en la ciudad de Basora, donde también se encuentra otro de los yacimientos de oro negro importantes del país.
En estos casi 60 días de protestas, las dos urbes se han erigido como el foco de las reivindicaciones sociales. Lo que tienen en común es la significativa reserva de crudo que poseen en su territorio y que supone el 90% de los recursos del Gobierno. En esta línea, lo que los manifestantes demandan es que el nivel de bienestar se adecúe a la riqueza que ofrece la disposición de este recurso. “Basora debería ser una ciudad rica, pero se ha convertido en un vertedero”, denuncia un habitante en el medio local Azzaman. Asimismo, critican “la evaporación de más de 450 mil millones de dólares” por las redes de “corrupción y clientelismo” que dominan la élite política en Irak. En concreto, una investigación del Ejecutivo reveló que esa cantidad “se había perdido debido a injertos, contratos falsos y los llamados empleados fantasmas desde 2003”.
Este martes, otras seis personas fueron asesinadas en tres explosiones casi simultáneas en diferentes partes de Bagdad, de mayoría chií. El grupo terrorista Daesh se atribuyó la responsabilidad de estos atentados, lo que, sin duda, refleja el oportunismo de la organización yihadista para aprovecharse de un escenario caótico con el objetivo de lograr satisfacer sus intereses: volver a recuperar su ‘Califato’ de 2014. Estos ataques “fueron los primeros de este tipo en Bagdad en varios meses en ser reclamados por Daesh tras la derrota del grupo hace dos años”, advierten desde AFP, lo que podría significar un eventual resurgimiento de la capacidad operativa de la organización en el país.
Por ello, para responder ante esta escalada de la violencia, que avanza imparable con un balance de, al menos, 350 personas asesinadas y 15.000 heridas, el Ejército ha anunciado la creación de “células de crisis” lideradas por militares y compuestas por gobernadores civiles para dispersar las protestas. Estos nuevos cuerpos “se harán cargo de los servicios militares y de la seguridad en cada provincia”, según se ha explicado el comunicado de las Fuerzas Armadas.
Este anuncio se ha producido coincidiendo en el tiempo con la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Miley, a Bagdad, quien le ha ofrecido a sus homólogos iraquíes su apoyo a las fuerzas de seguridad, si bien Irak ya ha rechazado “cualquier presencia a largo plazo de tropas estadounidenses adicionales que hayan cruzado la frontera”.
Este miércoles, el primer ministro iraquí, Adil Abdul-Mahdi, anunció que el poder judicial había liderado a 2.500 detenidos que habían sido arrestados durante las manifestaciones. En el mismo mensaje, con motivo de una sesión del Gabinete, reiteró que el deber del Gobierno “es mantener el orden, así como proteger a los manifestantes”. “Aceptamos críticas y diagnosticamos errores […] Ha habido muchas cosas desafortunadas. Mártires de todos lados, manifestantes, miembros de las Fuerzas Armadas, muchos heridos, muchos detenidos”, llegó a reconocer el jefe del Ejecutivo.
