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Llega la disolución del Parlamento dentro del proceso de Sudán del Sur

Desde la formación del Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado en febrero de 2020, la aplicación del Acuerdo de Paz de 2018 se ha estancado en su mayor parte
AFP/ MICHAEL TEWELDE - El presidente del Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit

AFP/ MICHAEL TEWELDE  -   El presidente del Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit

El sábado por la noche el Parlamento de Sudán del Sur fue disuelto tal y como estaba descrito en el Acuerdo de Paz de septiembre 2018. Dicho convenio surge de la necesidad de poner fin a la guerra civil. Éste también fue el objetivo del Acuerdo de Paz de 2015 que fracasó, debido a que, entre otras cuestiones, el presidente Kiir puso objeciones a ciertas cláusulas del acuerdo, como la aceptación del número de estados que conformarán la República de Sudán. 

Tras el Acuerdo de Paz, el Gobierno provisional debía durar 36 meses, por lo que estaba previsto celebrar elecciones en febrero de 2020. Asimismo, las elecciones debían celebrarse como mínimo 60 días antes del fin del periodo de transición, lo cual todavía no ha ocurrido. Además, el acuerdo establece la creación de una comisión de verificación del alto al fuego, la fundación de un tribunal mixto para la rendición de cuentas y una comisión de la verdad, reconciliación y reparación.

También establece la desmilitarización de los centros civiles, las escuelas y de los templos religiosos, así como la entrega de armas por parte del Ejército y los rebeldes.  El pacto también fija la creación de un Consejo de Defensa conjunto, compuesto por los líderes militares de ambos lados y supervisado por un comité integrado por Sudán y Uganda, este último como mediador durante las negociaciones. Algunos puntos del acuerdo son poco precisos, como por ejemplo las condiciones de unificación de las fuerzas que durante la guerra civil fueron enemigas en un único Ejército nacional. El presidente del Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit

¿Se han cumplido dichos puntos? Desde la formación del Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado en febrero de 2020, la aplicación del Acuerdo de Paz de 2018 se ha estancado en su mayor parte, ya que los firmantes no han cumplido los plazos establecidos en el pacto y han dado marcha atrás en aspectos de sus disposiciones políticas, de seguridad y económicas. Las medidas de rendición de cuentas, incluido el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, no se han aplicado, mientras que las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) y el Ejército Popular de Liberación de Sudán en la Oposición (SPLA-IO) han seguido cometiendo graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil. Asimismo, tanto las SSPDF como el SPLA-IO han violado el Acuerdo de Cese de las Hostilidades, Protección de Civiles y Acceso Humanitario. 

El retraso en la disolución del Parlamento ha acarreado diversas consecuencias para la sociedad civil en un contexto de hambruna y conflictividad. Un ejemplo de ello fue la imposibilidad de votar el presupuesto para el año fiscal 2020-2021, al igual que la promulgación de varias leyes. Según el acuerdo, la nueva asamblea nacional pasará de tener 400 a 550 legisladores, de los cuales 332 serán nombrados por el presidente Salva Kiir, 128 por el vicepresidente Riek Machar y 90 por los demás partidos signatarios. El Consejo de Estados (Cámara Alta) aumentará de 50 a 100 miembros.

Con la disolución del Parlamento finaliza el periodo de transición de Gobierno tras la guerra civil, pero todavía no se ha alcanzado la paz en todo el territorio. Según la ONU, la violencia a nivel nacional ha disminuido pero los conflictos entre comunidades han aumentado en algunos estados del joven país. Esta violencia se ha visto agravada por la sequía, las inundaciones y la invasión de langostas, lo cual tuvo como consecuencia una mayor hambruna y miseria de los ciudadanos. 

AFP/ASHRAF SHAZLY  -   Niños sudaneses posan para una foto en el campamento de Kalma para desplazados internos en Niyala, capital del estado de Darfur, el 9 de octubre de 2019
AFP/ASHRAF SHAZLY  -   Niños sudaneses posan para una foto en el campamento de Kalma para desplazados internos en Niyala, capital del estado de Darfur, el 9 de octubre de 2019

Ante la posible escalada de la violencia en el futuro, un informe de la ONU pide el mantenimiento del embargo de armas que expira el 31 de mayo de este año y nuevas sanciones contra quienes se oponen a la aplicación del acuerdo de paz y obstaculizan la entrega de ayuda humanitaria. En febrero del año pasado, más del 55% de la población, principalmente mujeres y niños, se enfrentaban a la carestía de alimentos debido a la política deliberada de evitar que la ayuda humanitaria llegue a los civiles por diferentes partes en el conflicto. Este problema está aun sin resolver, un ejemplo de ello es la interceptación por parte de funcionarios sudaneses de la ayuda alimentaria enviada por el presidente a Bor el 1 de abril de este año.

Otra de las dificultades a las que se enfrenta la nación, es que no existe alternativa al Gobierno actual. Tanto Kiir como Machar son antiguos rebeldes que lucharon por la independencia de Sudán obtenida en 2011, pero también contribuyeron al aumento de las tensiones étnicas y políticas que desembocaron en la guerra civil de 2013. La etnia Dinka sigue siendo leal a Kiir, mientras que la tribu Nuer, es partidaria del vicepresidente Machar. La consecución de la paz propiciaría la emergencia de nuevos representantes políticos ajenos a la guerra, lo cual permitiría dejar atrás las tensiones étnicas.