Los ministros de Defensa de Turquía y Qatar viajan a Libia “sin previo aviso”
Libia es escenario de una guerra de intereses. El conflicto que asola este país, rico en petróleo, se ha convertido en una competición por ver quien se hace con el control del tan apreciado oro negro. Un informe del Council on Foreign Relations advierte de que la presencia de Turquía en la nación norteafricana, donde apoya al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), se debe al deseo de este país de ejercer una mayor influencia en la región. “En particular, Ankara busca expandir su control de las reservas de energía en el Mediterráneo Oriental y espera recuperar algunos contratos de construcción que perdió después de la caída de Gadafi en 2011”, han incidido.
Ankara ha jugado un rol fundamental en el conflicto que sufre Libia a raíz del acuerdo firmado el pasado mes de noviembre entre Turquía y el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), con sede en Trípoli y liderado por Fayez Sarraj. En el marco de este acuerdo de seguridad y cooperación económica, el país presidido por Erdogan ha intensificado su presencia en Libia, con el envío de cientos de mercenarios y decenas de cargamentos de material militar. En este complejo escenario, el ministro de Defensa de Qatar, Khalid bin Mohamed Al Attiyah y su homólogo turco, Hulusi Akar, han viajado hasta la capital libia, Trípoli, “sin previo aviso”.
Los dos ministros se reunirán con varios funcionarios del Gobierno de Acuerdo Nacional, según han informado varios medios locales, que han incidido en que los titulares de la cartera de Defensa negociarán los últimos equipos para la nueva base naval de Khums, que se encuentra entre Misrata y Trípoli. Según el diario Al Ain “entre los objetivos de esta visita está el de organizar un nuevo escenario militar y político”. Estas conversaciones también incluirán, de acuerdo con este medio, un expediente para desarrollar la base aérea de Uqba bin Nafi, en la región de Al Watiya y para dotarla de equipo militar avanzado.
Haftar cuenta con el respaldo de Jordania, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Rusia y Francia; mientras que el Gobierno de Trípoli, respaldado por los Hermanos Musulmanes y reconocido internacionalmente por Naciones Unidas o Italia, recibe ayuda militar de Turquía y Qatar.
Los líderes de Rusia, Turquía, Alemania, Italia y Francia entre otros países implicados en el polvorín libio se reunieron el pasado mes de enero en Berlín y acordaron frenar la injerencia militar y política de potencias extranjeras en el país norteafricano. Ankara ha ido en contra de esta decisión y ha continuado con el envío de material militar, así como mercenarios procedentes de distintas nacionalidades para engrosar las filas del GNA. Hasta el momento, el país del Bósforo ha trasladado más de 20.000 mercenarios sirios a Libia, además de 10.000 personas procedentes de otras nacionalidades, según ha informado Rami Abdul Rahman, director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Por otro lado, el Ejército Nacional Libio ha anunciado este lunes que había a monitoreado el despliegue de un sistema de defensa aérea por parte de Turquía en muchas áreas en el oeste del país, especialmente en la base de Al-Wattiya, que estaba controlada por mercenarios turcos, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso Sky News.
En 2016 la Cámara de Representantes se negó a confirmar al Gobierno del Acuerdo Nacional, provocando una dualidad entre la Cámara de Representantes de Tobruk, presidida por Aguila Saleh y apoyada por el Ejército Nacional Libio, y el Gobierno de Acuerdo Nacional de Trípoli. El codiciado oro negro también sufre las consecuencias de esta guerra. El titular de la Comisión de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Libia ha anunciado que la reapertura de los puertos “está vinculada a la creación de garantías y mecanismos para la distribución equitativa de los ingresos petroleros entre las tres regiones libias (Cirenaica, Trípoli y Fezzan)”.
En una entrevista con el diario Asharq Al-Awsat, el dirigente de este organismo ha hablado de su apoyo a la propuesta del presidente del Parlamento libio de que la ciudad de Sirte sea la sede de la próxima autoridad libia unificada hasta que se celebren elecciones parlamentarias en el país. “La ciudad, según la propuesta, será la sede del trabajo de cualquier gobierno de unidad nacional que se acuerde, ya que La capital, Trípoli, está controlada por milicias armadas, lo que imposibilita el trabajo de cualquier gobierno allí “, ha manifestado.
En esta espiral de inestabilidad se encuentran los miles de civiles que cada día son víctimas de un gran número de crímenes de lesa humanidad, como bombardeos indiscriminados, y que se han visto obligados a abandonar sus hogares. Mientras tanto, la COVID-19 continúa propagándose por un país ya devastado por la guerra. El Centro Nacional Libio para el Control de Enfermedades ha indicado este lunes que había registrado 8 muertes y 434 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva la cifra de muertes por este patógeno a 153 casos. El número de personas infectadas --agregó el centro-- asciende a 7.086.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos han puesto en marcha un programa para ayudar a los refugiados y solicitantes de asilo que se encuentra en Libia a hacer frente a esta crisis sanitaria. “La mayoría de los refugiados en Libia viven en áreas urbanas y dependen del trabajo diario para mantenerse. Sin embargo, han perdido su trabajo en los últimos meses debido a las estrictas restricciones de movimiento”, han explicado en un comunicado conjunto, en el cual han indicado que el precio de los alimentos y otros productos básicos ha aumentado drásticamente.
“El coste de una cesta de alimentos que cubriría las necesidades básicas de una familia ha aumentado en un promedio de 26,6 por ciento desde la imposición de las restricciones de la COVID-19 en marzo. Muchos refugiados dicen que solo pueden permitirse comer una comida básica al día”, han lamentado.
