Marruecos califica de “infundadas” las acusaciones de espionaje emitidas por Amnistía Internacional

El Ejecutivo alauí ha exigido una vez más pruebas sobre el supuesto desarrollo de estas actividades ilícitas
El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita

AFP/FADEL SENNA  -   El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita

El diccionario panhispánico del español jurídico define el espionaje como “aquella actividad dedicada a obtener, de modo oculto o fraudulento, información reservada o secreta”.  Durante las últimas semanas, esta actividad ha abierto viejas heridas del pasado entre la organización Amnistía Internacional y el Gobierno de Marruecos.  AI acusó el pasado mes de junio al reino alauita de espiar al periodista Omar Radi tras piratear su teléfono con un programa proporcionado por una empresa israelí. Desde entonces, el Gobierno de Rabat ha negado estas acusaciones y ha exigido a Amnistía Internacional que presente las pruebas necesarias. El último capítulo de este enfrentamiento lo protagoniza el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, quien ha criticado a esta organización por “haber fallado a su deber de neutralidad y objetividad”. 

Asimismo, el diplomático marroquí ha calificado estas acusaciones de “infundadas” y ha asegurado que AI, en vez de emprender una dinámica de diálogo, ha llevado a cabo “una verdadera campaña mediática, induciendo al error a varios medios de comunicación y periodistas”, según ha recogido la agencia de noticias MAP. “Esto es enorme y totalmente falso. Rechazamos estas acusaciones inequívocamente”, ha puntualizado. 

En una entrevista con el periódico suizo ‘Tribune de Genève’ ha lamentado la decisión de Amnistía Internacional de “vincular en su documento a Marruecos con la compañía israelí NSO”.  Nasser Bourita ha insistido en que no hay pruebas para establecer y probar ningún vínculo. “Afirman que solo los Estados pueden hackear los teléfonos usando las redes que controlan a través de los operadores de telefonía. Pero hoy en día, los dispositivos que pueden imitar la señal de las redes y hackear los teléfonos móviles se venden en línea”, ha explicado. 

Desde que se presentó este informe, el Gobierno de Marruecos ha instado en repetidas ocasiones a Amnistía Internacional a presentar pruebas sobre este presunto espionaje.  Por ejemplo, hace menos de una semana, el presidente del Gobierno, Saadeddine El Othmani, pidió que la organización le entregue “una copia del informe de peritaje científico (del teléfono) o que la hagan pública” al considerar que sus acusaciones “están desprovistas de todo fundamento científico”. Según el Gobierno, la secretaria general adjunta de la organización ha apostado por no responder a las preguntas. “Lo que esperábamos era un informe detallado que apoyara las alegaciones de espionaje. Pedimos acceso a la cadena de trazabilidad del teléfono en cuestión, incluido el software y el hardware, para que las autoridades marroquíes competentes puedan llevar a cabo su contra-investigación en la debida forma. Porque se necesita mucho trabajo para entender cómo pudo haber tenido lugar la piratería”, ha subrayado Nasser Bourita.

El primer ministro de Marruecos, Saad-Eddine El Othmani
AFP/BERTRAND GUAY – El primer ministro de Marruecos, Saadeddine El Othmani 

Desde 2014, Rabat ha criticado la “fijación” que Amnistía Internacional tiene con Marruecos y se queja de que la organización ha dedicado hasta 72 informes para condenar las actividades del país magrebí. En respuesta, Amnistía afirmaba en su último informe que la nación norteafricana ya había recurrido en el pasado a tecnologías de espionaje telefónico. En junio, este organismo publicó un documento sobre el supuesto uso de programas de espionaje producidos por la empresa israelí NSO Group para controlar al activista y periodista Omar Radi, conocido por trabajar para varios medios de comunicación nacionales e internacionales como Atlantic Radio o TelQuel. Sin embargo, Marruecos negó estas acusaciones alegando que nunca ha tenido una relación con NSO Group, empresa encargada de diseñar este tipo de softwares.

“Si alguien escucha a nuestros ciudadanos, y más si este alguien es del extranjero, necesitamos saber quién es. Hoy en día, está claro que Amnistía no está en posición de proporcionar la más mínima prueba. Y no somos los únicos en decirlo. El tribunal de Tel Aviv desestimó el lunes la queja de Amnistía contra la empresa NSO, aludiendo a la incapacidad de Amnistía de demostrar que el software fue utilizado por su gobierno. Otro caso en el que Amnistía habla sin pruebas”, ha señalado Bourita. “Todo esto plantea serias dudas sobre su metodología. Y Marruecos no cederá ante este chantaje”, ha agregado. 

Durante la entrevista, recogida por la agencia de noticias MAP, el ministro ha detallado que solo en el 2020, Amnistía ha publicado “hasta siete informes tendenciosos sobre Marruecos”, así como otros 72 documentos “que no son explícitamente desfavorables, sin provocar ninguna reacción de las autoridades marroquíes”.  Así, Bourita ha defendido las reformas en materia de derechos humanos emprendidas por el Reino, alegando que no esperan ser tratados con “indulgencia”, y mucho menos ser “halagados”, sino que pretende que se ponga en valor la esencia de estas reformas. 

La acusación emitida por Amnistía Internacional “ignora a las autoridades del país, su sociedad civil y sus ciudadanos”, ha alertado.  Bourita también ha dicho que cualquier que conozca de cerca la realidad del Reino “sabe que Marruecos no tiene problemas con la libertad de expresión”. “Estamos orgullosos del dinamismo de nuestra sociedad civil y nuestro país hizo de su desarrollo una política de Estado. Y eso ha de ser reconocido”, ha añadido.  El ministro considera que las afirmaciones de Amnistía “destruyen más de dos décadas de derechos humanos universalmente reconocidos, de creación de instituciones y de consolidación de buenas prácticas, situándonos en la misma categoría con países que han cometido verdaderas atrocidades contra sus pueblos”. 

Así, Bourita ha insistido una vez más y ha pedido a Amnistía “pruebas o una disculpa”. “Creemos que esta organización no tiene en cuenta los intereses de Marruecos, ni los de sus ciudadanos o sus instituciones”. Además, ha añadido que Marruecos no tiene previsto “cerrar la puerta a aquellos informes que supuestamente nos harían rechinar los dientes”. “Nuestro país no es alérgico a los informes de las organizaciones internacionales ni a la interacción. Nos presentamos a exámenes periódicos de las Naciones Unidas, a veces de manera voluntaria, porque creemos que esta interacción nos puede hacer avanzar, para rectificar las cosas que deben ser rectificadas”, ha aseverado. 

El periodista y activista Omar Radi espera fuera del tribunal en Casablanca, Marruecos, el 12 de marzo de 2020
PHOTO/REUTERS - El periodista y activista Omar Radi espera fuera del tribunal en Casablanca, Marruecos, el 12 de marzo de 2020

En esta entrevista, el ministro alauí ha hecho autocrítica afirmando que la trayectoria del Reino “no es perfecta”, aunque sí ha destacado el “progreso en el cumplimiento de las expectativas de nuestros ciudadanos”. “Sin embargo, Marruecos tiene derecho a esperar una interacción basada en el respeto, y eso es lo que exigimos de Amnistía”, ha agregado.  La nación magrebí ha cuestionado el hecho de Amnistía se haya tomado la “libertad de hacer atajos y anunciar conclusiones claras” para, según han explicado “empaquetarlas en una supuesta historia de espionaje para que sea atractiva para los medios”. 

“¿Debemos recordar a la gente que tales acusaciones afectan tanto a la seguridad nacional de un Estado como a las libertades individuales de sus ciudadanos? Esta doble dimensión requiere mucha precaución y matices en el tema. Reprochamos a Amnistía haber fallado a su deber de neutralidad y objetividad y haber pecado de falta de profesionalidad”, ha concluido Bourita. 

La guerra dialéctica entre Amnistía y el Gobierno marroquí se ha intensificado en las últimas semanas. El pasado 4 de julio y después de que el Ejecutivo alauí exigiera pruebas, la directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el norte de África respondió criticando lo que definió como una “campaña difamatoria y de falsedades vertidas contra Amnistía”. “Esta acción es un intento de desacreditar la sólida investigación sobre los derechos humanos que ha sacado a la luz una serie de casos de vigilancia ilícita con productos de la empresa NSO Group. En vez de hacer un uso constructivo de las conclusiones de nuestro informe, las autoridades han optado por pasar al ataque contra el mensajero”.