Marruecos insiste a Amnistía que aporte pruebas de que espió a un periodista

El pulso de AI con el Gobierno marroquí data al menos desde 2014; desde esa fecha, Rabat se queja de que la organización ha dedicado 72 informes para criticar o condenar el país magrebí
Saadeddine El Othmani, jefe de Gobierno de Marruecos

PHOTO/TRIANA TORRERO  -   Saadeddine El Othmani, jefe de Gobierno de Marruecos

El Gobierno marroquí volvió a pedir este viernes a Amnistía Internacional (AI) que aporte las pruebas de que espió al periodista Omar Radi tras piratear su teléfono con un programa proporcionado por una empresa israelí, como figura en la acusación pública emitida por esa organización el pasado 22 de junio. Desde aquella fecha, el Gobierno de Rabat ha negado las acusaciones y ha exigido a AI en tres ocasiones que le presente las pruebas de ese presunto espionaje. 

Este viernes ha sido el presidente del Gobierno, Saadeddine El Othmani, el que pidió en una declaración a la agencia oficial MAP que la organización le entregue “una copia del informe de peritaje científico (del teléfono) o que la hagan pública” al considerar que sus acusaciones “están desprovistas de todo fundamento científico”. 

En un primer momento se rumoreó que el gobierno estaba a punto de cerrar la oficina de Amnistía en Marruecos -que por otro lado tiene muy poca presencia, al prohibir las autoridades gran parte de sus actividades-, pero en el comunicado de este viernes el tono es menos frontal. Así, Otmani dice que su Gobierno “permanece abierto al diálogo constructivo que requiere (de Amnistía) presentar pruebas que muestren sus acusaciones, o de lo contrario corrijan su postura como señal de buena fe para restablecer la confianza”. 

El pulso de AI con el Gobierno marroquí es antiguo, y data al menos desde 2014; desde esa fecha, Rabat se queja de que la organización ha dedicado 72 informes para criticar o condenar el país magrebí, lo que según el Gobierno refleja la “fijación” que Amnistía tiene con Marruecos. 

Por su parte, Amnistía ha afirmado que Marruecos ya ha recurrido en el pasado a tecnologías de espionaje telefónico contra disidentes y por ello su gobierno “es responsable de intimidar, perseguir y criminalizar a defensores de derechos humanos y periodistas”.