Naciones Unidas informa de un nuevo aumento de las ejecuciones en Irán
Continúa la tendencia al alza de las ejecuciones que ha caracterizado a la República Islámica de Irán durante los últimos años. Un nuevo informe presentado esta semana ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra –donde también estuvo presente el secretario general del organismo internacional, Antonio Guterres – ha reportado un preocupante incremento de las penas de muerte en el país.
“Mientras que en 2020 se ejecutaron 260 personas, y al menos 310 en 2021, incluidas 14 mujeres”, durante los tres primeros meses del presente 2022 “fueron ejecutados en torno a 105 individuos, la mayoría pertenecientes a grupos minoritarios”, expuso la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif. Unas cifras que corroboran el uso creciente de la pena de muerte, incluso para delitos menores, en la línea de lo pronosticado por varios analistas tras la elección a presidente del ultraortodoxo Ebrahim Raisi.
Tan solo en el mes de marzo más de medio centenar de personas acusadas de tráfico y consumo de drogas, y condenadas a la pena capital, fueron trasladas a la prisión de Shiraz donde habrían de ser ejecutadas. “La pena de muerte sigue imponiéndose por cargos que no constituyen los delitos más graves y de maneras que son contrarias a las normas de un juicio justo”, agregó Al-Nashif.
En este sentido, las informaciones sobre condenas a muerte de personas menores de 18 años en el momento del veredicto representan otra violación añadida al derecho internacional. Según apuntó la Alta Comisionada Adjunta, entre los meses de agosto de 2021 y marzo de 2022, al menos dos menores de edad fueron ejecutados, y más de 85 continuaban a la espera en el corredor de la muerte. No obstante, “en febrero de 2022, y en avance positivo, la Corte Suprema decidió revocar la pena de muerte contra los menores”, encomió Al-Nashif.
Además, la situación de inestabilidad y turbación social que enfrenta el país desde hace ya varios meses ha provocado que los casos de violencia policial se intensifiquen. “El uso excesivo de la fuerza es la reacción automática de las autoridades para gestionar las reuniones”, denunció Al-Nashif, por lo que, al preocupante número de muertes en cárceles y prisiones, se suman las muertes innecesarias causadas por la violencia contra manifestantes pacíficos y detenidos. Unas ejecuciones que, hasta la fecha, premeditadas o no, se han mantenido impunes.
Frente a estas acusaciones, el ministerio de Relaciones Exteriores iraní criticó el informe de la ONU afirmando que las informaciones están “políticamente motivadas, son injustas, sesgadas y no se basan en la realidad”, en palabras del portavoz del ministerio, Saeed Khatibzadeh. De forma similar, el representante permanente adjunto del país persa en Ginebra, Mehdi Aliabadi, afirmó que “reducir el objetivo de los derechos humanos a una herramienta política trivial es indignante y vergonzoso”.
Algunas de las últimas ejecuciones acontecidas en el país han tenido lugar esta misma semana. Hace escasos días, un joven de 21 años de origen uzbeko, condenado por terminar con la vida de dos líderes chiitas y herir gravemente a un tercero en las cercanías del santuario del Imam Reza, en Mashhad, durante el Ramadán, cubría el camino que lo separaba del final del corredor de la muerte.
Mientras, y según denunciaba la Organización Hengaw de los Derechos Humanos, el preso político kurdo Firuz Musalu era ejecutado “en secreto” en la prisión central de Urmia el 20 de junio. Una ejecución motivada por los cargos de realizar “la guerra contra Dios a través de la pertenencia a un grupo de la oposición”, recogía la cadena Radio Liberty.
La ejecución a 12 reclusos en una prisión del sureste del país (once hombres y una mujer), reportada por Iran Human Rights (IHR), se suma a la reciente lista. Condenados a la horca en Zahedan –una cárcel ubicada en la provincia de Sistán Beluchistán, cerca de las fronteras afganas y pakistaníes– por delitos que iban desde el tráfico de drogas hasta el asesinato, los doce ejecutados pertenecían a la minoría étnica baluchí. Minoría de creencia sunita en un país mayoritariamente chií, los baluchíes son uno de los colectivos más afectados por el aumento de las ejecuciones.
Todas estas penas no han logrado otra cosa que acrecentar los temores de que “el régimen se encuentra intensificando la represión”, tal como ha advertido The National Council of Resistance of Iran.
Este miércoles, además, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de su portavoz Ravina Shamdasani, instaba a Teherán a poner fin a cualquier sanción penal que acarree consigo cualquier tipo de castigo corporal, “incluidas las amputaciones, la flagelación y la lapidación, de conformidad con las obligaciones del país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.
“Estamos profundamente preocupados por la probable amputación inminente de los dedos de ocho hombres condenados por robo en Irán e instamos a las autoridades iraníes a suspender las amputaciones previstas”, decía, a través de un comunicado, sobre la reciente condena contra ocho hombres que ya han podido ser identificados.
Tan solo el pasado año 2021, las ejecuciones en Irán aumentaron en más de un 25%, según informes de las organizaciones internacionales IHR y Together Against the Death Penalty (ECPM), duplicándose tras el ascenso a la presidencia de Ebrahim Raisi –acusado de tomar parte en la masacre de 1988 en la que miles de presos políticos fueron asesinados.
Todo ello, unido a los informes de la Agencia de Noticias de Activistas de los Derechos Humanos (HRANA), que afirman que más del 85% de las ejecuciones se llevan a cabo “en secreto y sin información oficial y pública”, convierten a Irán en uno de los países con más condenas a muerte del mundo. De hecho, desde el año 2017, Amnistía Internacional posiciona al país como el número uno en ejecuciones, con más de la mitad de las ejecuciones registradas en todo el mundo.
