Qatar rechaza indemnizar a los trabajadores muertos y heridos durante las obras del Mundial
A poco más de dos semanas de que empiece el mundial de fútbol, la competición deportiva sigue creando polémica. La situación laboral de los trabajadores -en su mayoría inmigrantes asiáticos- durante la construcción de los estadios qataríes continúa en el punto de mira de las organizaciones de derechos humanos internacionales.
Después de que Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras ONGs, pidieran a la FIFA y a Qatar un fondo de compensación para los trabajadores muertos y heridos de 440 millones de dólares, el ministro catarí de Trabajo, Ali bin Samikh Al Marri, se ha pronunciado al respecto durante una entrevista con AFP.
De acuerdo con Al Marri, que anteriormente fue presidente del Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar, Doha ya está pagando a los trabajadores, por lo que no creará el fondo que han solicitado las ONGs internacionales. Para el ministro, esta petición “es un truco publicitario”, mientras que las críticas que recibe el país del Golfo por el trato a los trabajadores inmigrantes, a las mujeres y a los miembros de la comunidad LGTBI+ están motivadas por el “racismo”. De acuerdo con Al Marri, los críticos con Qatar “no quieren permitir que un país pequeño, un país árabe, un país islámico, organice la Copa del Mundo”.
La realidad es que, 6.500 trabajadores -en su mayoría procedentes de la India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka- han muerto en Qatar desde que el país fue elegido para albergar el mundial, según una investigación de The Guardian de febrero de 2021. En este sentido, Al Marri ha reconocido que “cada muerte es una tragedia”, aunque cuestiona las cifras publicadas por el periódico británico. “¿Dónde están las víctimas? ¿Tiene los nombres de las víctimas? ¿Cómo puede obtener esos datos?”, se pregunta el ministro durante la entrevista con la agencia de noticias.
Amnistía Internacional añade además que las autoridades no investigaron “adecuadamente las muertes de trabajadores migrantes”. Esto, de acuerdo con la ONG, “significa que Qatar no protegió un elemento central del derecho a la vida”. Asimismo, también se negó a las familias de los fallecidos “la oportunidad de recibir una compensación del empleador o de las autoridades”.
Al Marri defiende que la comunidad internacional y los críticos “conocen muy bien las reformas que se han llevado a cabo, pero no las reconocen porque tienen motivaciones racistas”. Qatar ha establecido un salario mínimo de 1.000 riales -275 dólares-, convirtiéndose en el primer país de la región en adoptar “un salario mínimo no discriminatorio”, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, la kafala ha sido prácticamente desmantelado en el país. La kafala -considerado un método de esclavitud moderna- es un sistema laboral que ata a los trabajadores migrantes a sus jefes. De esta manera, ciudadanos o empresas privadas tienen un control total sobre el trabajador y su estatus migratorio.
Sin embargo, Amnistía Internacional recalca que, a pesar del compromiso de Doha, “el Gobierno no implementó ni hizo cumplir las reformas, lo que permitió que resurgieran las prácticas abusivas y reviviera los peores elementos de la kafala”.
Aun así, Al Marri continúa lamentando que, después de todos los “esfuerzos”, la gente todavía “ataca” a Qatar. Estos ataques, tal y como destaca el ministro, se basan en “información falsa” y “rumores” para “desacreditar” el país “con afirmaciones deliberadamente engañosas”. A pesar de no nombrar a ningún país en concreto, Al Marri acusó a algunos políticos extranjeros de “doble rasero” y de utilizar a Qatar “como un escenario para resolver sus propios problemas políticos”.
El propio emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, declaró el pasado mes de octubre que su país se enfrentaba a “una campaña sin precedentes” de críticas pocas semanas antes del inicio del Mundial, según recoge AFP.
Recientemente, las autoridades cataríes convocaron al embajador alemán en Doha, Claudius Fishbach, después de unas declaraciones de la ministra del Interior, Nancy Faeser, sobre la organización del Mundial. Durante una entrevista con la radio pública alemana, ARD, la ministra subrayó que la competición debe estar sujeta a criterios, “es decir, al cumplimiento de los derechos humanos y a los principios de sostenibilidad”.
En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar rechazan y condenan los comentarios de Faeser, indicando que dichas afirmaciones van “en contra de las normas y convenciones diplomáticas”.
Además de los derechos laborales, los críticos con Qatar y el Mundial señalan también la grave situación de las mujeres -sujetas al sistema de tutela masculina-, y a los miembros de la comunidad LGTBI+. Los hombres gays, por ejemplo, pueden ser condenado hasta siete años de prisión por “inducir, instigar o seducir a un hombre de cualquier forma a cometer sodomía o libertinaje”.
