Túnez debe modificar su política antiterrorista para evitar efectos perversos
El think tank "International Crisis Group" (ICG) advirtió hoy de que parte de las medidas antiterroristas implantadas por el Estado tunecino desde 2013 tienen un efecto "perverso" sobre la cohesión social y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, lo que podría derivar en un incremento de la violencia yihadista si el contexto económico y social sigue deteriorándose.
En su último informe titulado "¿El declive del yihadismo en Túnez?", la organización recomendó la promulgación de una nueva ley del Estado de Emergencia, de la ley antiterrorista y del código de procedimiento penal. Además, mejorar las condiciones de detención e implantar un sistema de seguimiento para la reconversión.
Tras el auge del yihadismo en el país magrebí, poco después de la revolución de 2011 que puso fin a dos décadas de dictadura, aquel tuvo su pico de violencia durante la cadena de atentados de 2015, que se saldó con la muerte de 72 personas, 60 de ellas turistas extranjeros.
La disminución de la violencia entre 2016 y 2021 es evidente, ligada a la derrota de Al Qaeda y el Estado Islámico a escala regional. Aunque varios miles de tunecinos fueron a combatir a Oriente Medio y Libia entre 2011 y 2016 y han cometido cuatro atentados en Francia y Alemania, "el país no está amenazado por un movimiento yihadista armado en masa", afirmó el investigador del ICG, Michael Ayari.
Los dos principales grupos terroristas: la brigada "Okba Ibn Nafaa", rama local de la organización terrorista Al Qaeda, y el grupo "Jund al Jilafa" (Ejército del Califato), afín al autoproclamado Estado Islámico, han perdido dos tercios de sus efectivos desde 2016, pasando de 250 a menos de 60 miembros.
Además, se calcula que unos 200 ciudadanos tunecinos combaten actualmente en Oriente Medio y un centenar en la región del Sahel junto a grupos yihadistas, estimó Ayari.
La mayoría de los cerca de 2.200 detenidos relacionados con casos de terrorismo abandonarán la prisión a lo largo de los tres próximos años y la mayoría viven en condiciones propicias a la reincidencia, mientras otros han sido víctimas de abusos, por lo que sus perspectivas de reinserción son muy limitadas, advirtió el especialista.
"Se trata de pasar de una lógica represiva a una lógica preventiva que reforzaría la cohesión social y la confianza de los ciudadanos en las instituciones", defendió el experto del ICG.
En cuanto a la amenaza de un posible retorno de los combatientes a su país de origen, declaró que se trata de una "preocupación exagerada" ya que de los 3.000 combatientes que se unieron a sus filas, más de dos tercios podrían haber sido asesinados o encarcelados en el extranjero.
Además, entre 2011 y 2016, 800 de ellos regresaron a Túnez después de ser vencidos "en el plano militar", lo que fue percibido como un fracaso, y fueron condenados a penas de entre tres y ocho años de prisión. Desde entonces, desataca Ayari, ninguno de los retornados ha cometido un ataque en territorio nacional.
Aproximadamente 2.200 yihadistas se encuentran encarcelados en Túnez y sólo una decena de ellos son considerados "muy peligrosos" por los servicios de inteligencia, y 160 han sido sentenciados por ataques en suelo tunecino.
Estos movimientos salafistas e yihadistas han perdido su influencia en la juventud, que ya no les considera como un remedio "antisistema", concluyó el experto.
