El Gobierno de Najla Bouden negocia con el organismo la inyección de 4.000 millones de dólares en la economía tunecina

Túnez recurre al FMI para mitigar el colapso económico

photo_camera PHOTO/ Presidencia de Túnez via REUTERS - El presidente de Túnez, Kais Saied

Inmerso en una frágil situación política desde que el presidente Kaïs Saied asumiera plenos poderes en julio mediante un golpe de Estado, Túnez atraviesa además un contexto de grave crisis económica marcado por el colapso de su sistema productivo. Un escenario desfavorable que ha obligado de nuevo al país a solicitar ayuda externa, en este caso al Fondo Monetario Internacional (FMI), un organismo que socorrió a la nación norteafricana en el pasado.

El Ejecutivo de Najla Bouden, la primera mujer que se sitúa al frente del Gobierno en un país árabe, negocia desde hace semanas con el FMI un plan de asistencia de 4.000 millones de dólares que permita a Túnez recibir liquidez para mitigar la recesión económica. Un lastre con el que el país carga antes incluso del estallido revolucionario de 2011. Sus predecesores se vieron obligados a tomar la misma decisión. Concretamente en dos ocasiones posteriores a la revolución, ambas con escaso éxito.

Las conversaciones para sellar un nuevo acuerdo se encuentran aún en una etapa preliminar, a pesar de la versión del gobernador del Banco Central de Túnez, Marwan Abbasi, quien sostuvo en diciembre que el pacto estaba cerca de cerrarse. Las autoridades tunecinas se muestran optimistas de cara a recibir de nuevo la necesitada asistencia económica, que podría aliviar la precaria situación social, y esperan alcanzar un acuerdo durante el primer trimestre del año.

Fondo Monetario Internacional

La versión del Fondo Monetario Internacional dista en gran medida de la percepción del Gobierno. El organismo exige al país norteafricano una serie de reformas “inmediatas y profundas” capaces de resolver los puntos débiles del sistema económico tunecino, lastrado por décadas de corrupción, proliferación de redes clientelares, excesiva burocracia y toda ausencia de planificación estatal.

Las críticas principales del FMI se focalizan sobre la abultada deuda externa y el exceso de empleos en el sector público. Y es que, de acuerdo con los datos oficiales, Túnez cuenta con un grueso de 700.000 funcionarios en un país de unas 12 millones de personas. Un volumen de trabajadores dependientes del erario que absorben el 70% de los recursos del Estado, y con altas tasas de absentismo laboral.

En este sentido, la influencia del mayor sindicato del país, UGTT (Unión General Tunecina del Trabajo), ha sido notable desde el estallido revolucionario. Sus constantes movilizaciones han conseguido una gran parte de las demandas expuestas, ampliando las conquistas sociales en detrimento de la capacidad productiva de los diversos sectores económicos. Una cuestión sobre la que el FMI ha exigido acometer reformas.

Estas modificaciones afectarían a la capacidad del Estado para reducir el personal, el sistema de subsidios y ayudas, y la deuda pública. En este último punto, los datos revelan que los niveles de deuda de 2021 alcanzaron aproximadamente el 100% del Producto Interior Bruto (PIB) tunecino. Unas cifras demoledoras que reflejan la magnitud del problema.

Jerome Vacher

El último representante permanente del FMI en Túnez, Jérôme Vacher, avaló las recetas del organismo y declaró en una entrevista con AFP que el sector de servicios públicos de Túnez es “uno de los más altos del mundo”. Y que debería ser reducido. Sin embargo, el principal problema del país es la fuerte desigualdad, donde círculos reducidos de poder manejan desde hace décadas la economía nacional.

Antes de emitir su veredicto, Vacher aseguró querer “conocer las intenciones de las autoridades en términos de reformas económicas, porque se necesitan reformas estructurales muy profundas”. El FMI no quiere intervenir de nuevo en un Estado donde ya lo hizo sin progresos hasta en dos ocasiones. Abocaría a Túnez a un nuevo fracaso.

La crisis de la COVID-19 no hizo sino agravar la situación, impulsando la tasa de desempleo hasta el 18% y haciendo caer a más de medio millón de personas por debajo del umbral de pobreza. Es, en palabras de Vacher, la mayor recesión económica en Túnez desde su independencia en 1956. Aunque remarcó que los problemas no son nuevos y que se enmarcan en un contexto previo a la caída del dictador Ben Ali. Algunos achacan la culpa al Gobierno de la troika liderado por los islamistas Ennahda en 2012 por endeudar en exceso al país.

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