El país anatolio refuerza su política contra la libertad de expresión mientras las detenciones aumentan semanalmente

Turquía detiene a 24 personas por criticar al Gobierno en redes sociales

photo_camera AFP/ YASIN AKGUL - Agentes de la policía antidisturbios turcos detienen a manifestantes en el distrito de Kadikoy en Estambul, el 6 de noviembre de 2016, durante una manifestación contra el arresto de nueve diputados del Partido Democrático Popular pro-kurdo (HDP)

En Turquía, criticar a Erdogan en internet sale caro. La Policía turca ha lanzado esta semana una operación para detener a 24 personas acusadas de haber criticado en las redes sociales al partido del Gobierno AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), y al presidente del país. Según la agencia de noticias oficial Anadolu, a los acusados se les recrimina haber realizado "comentarios provocadores en redes sociales", al haber compartido mensajes críticos dentro de lo que se denomina ‘movimiento Anonymous’.

Este grupo de hackers lleva atacando al Gobierno turco desde 2011 “de manera pacífica”, declaran en sus comunicados. Muchos de los ataques no se han confirmado y, en varias ocasiones, las detenciones arbitrarias del Gobierno no están relacionadas con los cargos imputados. En este caso, Anadolu señala que los acusados se dedicaban a provocar el odio y la hostilidad "insultando a los líderes estatales y al Gobierno electo". Hasta ahora no se penalizaba la libertad de expresión en internet, pero a finales de agosto el Parlamento turco aprobó una ley de control de las redes sociales.

Manifestación

Esta medida fue impulsada por el AKP, que ha sido criticada por organizaciones como Reporteros sin Fronteras y Human Rights Watch como un ataque a la libertad de expresión. La norma, que entrará en vigor el 1 de octubre, establece que las redes sociales con más de un millón de usuarios en Turquía deben tener un representante legal turco en el país. Estas personas se encargarán de almacenar localmente los datos de los abonados y eliminar, a petición judicial, cualquier mensaje o noticia que un tribunal considere "ofensivo". Todavía las redes sociales más utilizadas en Turquía, como Facebook o Instagram, no se han pronunciado acerca de la medida. No está claro cómo se va a almacenar toda la información y cómo se llevará acabo la censura y las detenciones de los usuarios críticos.

La excusa gülenista llega demasiado lejos 

La semana pasada se ordenó el arresto de 109 personas, entre ellos abogados, por supuestos vínculos con la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara acusa del intento de golpe de Estado de 2016. Los letrados están acusados de colaborar con la cofradía de Gülen, considerada terrorista por Turquía, tras haber representado a clientes con causas relacionadas con el gülenismo. Una semana antes, otros 41 abogados fueron detenidos bajo la misma acusación.

La organización Human Rights Watch ha denunciado que la detención de los abogados socava el derecho a una defensa legal. "Los arrestos fueron una demostración escalofriante de la falta de respeto del Gobierno turco por el Estado de derecho y por el papel de los abogados para garantizar a los sospechosos una defensa eficaz", señaló la organización en un comunicado.La historia de Gülen y Erdogan cuenta una amistad rota con muchos rencores acumulados, al menos por parte del líder turco. Resulta que fueron aliados gubernamentales en 2007 mientras luchaban contra el viejo ‘establishment kemalista’, nacionalista y laico. 

Turquía

La orden de Fetullah Gülen proviene de la corriente de interpretación islámica de Said al-Nursi que abogaba por una reforma en la aproximación al islam. Los principales pilares del pensamiento gülenista son la síntesis entre el islam y la ciencia, la aceptación de la democracia occidental, la mejora de la conciencia islámica fomentando el uso de la razón, una aceptación del libre mercado y la educación como medio para la salvación. Para Said al-Nursi, teólogo kurdo suní del siglo XIX, la conquista de la modernidad era una confirmación de las enseñanzas coránicas, asumiendo que el islam podía convivir perfectamente en un mundo cambiante. Hasta aquí nada podía casar más con los intereses de Erdogan. Pero las negociaciones de paz establecidas entre el Gobierno turco y la milicia del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PPK) en 2012 rompieron esta alianza. Los gülenistas intentaron sabotear el proceso acusando a altos cargos de los servicios secretos turcos de traidores. 

La escala de tensión empezó a aumentar y las manifestaciones en las calles confundían a los críticos entre denunciantes de corrupción, antigubernamentales, rechazos políticos, sociales y religiosos. En la famosa manifestación de Gezi en 2013 las fuerzas de seguridad cargaron en exceso sobre los manifestantes de las calles de Estambul. Protestaban por la entrada de excavadoras en un parque que supuestamente iban a convertir en un centro comercial. La represión policial contra unos cuarenta jóvenes de clase media, que montaron una sentada para proteger el parque, provocó que tres millones de turcos inundaran las calles de 80 ciudades del país en contra de la Administración central. 

Fethullah Gülen

El clérigo Gülen, que se había autoexiliado a Estados Unidos, condenó la dura respuesta del Estado y puso en el punto de mira a los simpatizantes de su organización. Erdogan tenía (y sigue teniendo) la sensación de estar rodeado de simpatizantes gülenistas que organizan un “Estado paralelo” al de su Gobierno para derrocarlo en cualquier momento. En 2017 fuentes del Gobierno llegaron a reconocer tener preparadas listas de personas que en la Administración estaban ligadas a la cofradía gülenista. Todas ellas han sido detenidas tras el golpe. Desde el intento de golpe más de 120.000 funcionarios del Estado han sido destituidos y unos 50.000 se encuentran encarcelados. Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteros y Human Rights Watch han denunciado miles de detenciones y expulsiones arbitrarias del país. Estas decisiones no sólo se centran en ciudadanos turcos, sino también en ciudadanos extranjeros que viven, trabajan y estudian por el país anatolio.

La periodista española Beatriz Yubero fue expulsada en 2015 mientras estudiaba un máster, acusada de pertenecer a la asociación gülenista, con la que no tenía ningún tipo de vínculo. “Vinieron a buscarme a casa, me hicieron firmar un papel admitiendo que (yo) era una amenaza para la nación y me deportaron a España sin dejar que recogiera mis cosas”. Este es uno de los millones de ejemplos que demuestran que Erdogan está librando una batalla contra la libertad de expresión. “Si me negaba a firmar me aseguraron que me mandarían a un centro de detención en la frontera con Siria”, explicaba la periodista. Ella nunca podrá volver al país y sus estudios se quedaron paralizados para siempre.

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