Un año después del golpe, Sudán avanza en lo político pero no en lo económico
Un año después de que los militares sacaran de la Presidencia de Sudán a Omar al-Bashir en un golpe incruento, el país avanza a trompicones en su proceso de transición política, pero sigue sin poder encontrar soluciones a los problemas económicos enquistados.
La inflación y la escasez llevaron a la población sudanesa a tomar las calles en diciembre de 2018 en el inicio de un proceso que acabaría con tres décadas de Al-Bashir en el poder. Lo que las acusaciones de genocidio en Darfur no lograron, lo hizo el colapso de la economía.
Un año después, Sudán avanza despacio en la creación de nuevas instituciones, en el desmantelamiento de las estructuras del antiguo régimen y en encontrar un espacio de paz con las diferentes facciones y grupos armados.
Al-Bashir, de 76 años, mantiene su propia pugna en los tribunales donde ya ha sido condenado y le aguardan más procesos.
El ex mandatario fue condenado el pasado diciembre a dos años de prisión en una institución de reforma social, por corrupción financiera, después de que las autoridades encontraran en su residencia alrededor de 7 millones de euros y 300.000 dólares.
La condena, reducida de 10 a 2 años y aplicable en una institución no penitenciaria por las garantías que ofrece la ley a los condenados con más de 70 años, fue confirmada esta misma semana por un tribunal en apelación.
Al-Bashir tiene además pendiente una acusación presentada por la Fiscalía por el golpe que en 1989 le llevó al poder.
En total la Fiscalía General presentó 412 acusaciones contra Al-Bashir y varios líderes de su régimen por cargos penales y de corrupción política y financiera. El coronavirus ha evitado que esas acusaciones estén ya en los tribunales.
Los dos bandos que han dirigido la transición en el país: el Consejo Militar y las Fuerzas de la Libertad y Cambio, movimiento que aglutina a fuerzas civiles y prodemocráticas, alcanzaron un acuerdo de Constitución y una serie de objetivos a lograr.
Entre ellos, lograr la paz, abordar la crisis económica y desmantelar el régimen de Al-Bashir.
En noviembre pasado los Consejos Soberano y de Ministros aprobaron una ley para erradicar las instituciones y cargos del antiguo régimen. Hasta el momento, el comité encargado de la ejecución de esta decisión avanza en la tarea.
El portavoz de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, Waydi Saleh, dijo a Efe que se han destituido a más de 100 embajadores y diplomáticos, además de otros cargos en ministerios, instituciones y empresas gubernamentales.
Saleh destacó que "el comité logró devolver bienes inmuebles e instituciones del antiguo régimen de Al-Bashir, confiscar las sedes del antiguo partido gobernante del Congreso Nacional y cerrar las organizaciones afiliadas al partido”
También el proceso de paz con los diferentes movimientos armados que hay en el país, para los que durante años no había habido más respuesta que la guerra avanza en diferentes mesas de negociación en Yuba.
El portavoz reconoció retrasos en la formación del Parlamento transitorio y el nombramiento de gobernadores civiles en los estados, algo que demanda una solución previa con los movimientos guerrilleros para los que está prevista una representación en las nuevas instituciones del país.
Sin embargo, para Saleh, "el punto de debilidad de este Gobierno es no abordar la crisis económica", base del problema que llevó en diciembre a miles de personas a salir a las calles en medio de un incremento de los precios y de la escasez de suministros esenciales.
El profesor de Ciencias Políticas Jaled Omran, de la Universidad de los Dos Nilos, dijo a Efe que "las condiciones económicas se han convertido en un infierno insoportable, la libra sudanesa ha perdido el 40 % de su valor desde la caída de Al-Bashir y la tasa de inflación ha aumentado y la escasez de combustible y pan sigue".
La inflación está en torno al 71% en marzo, frente al 44% que tenía en abril del año pasado, y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el déficit público y la deuda externa están en el 211,7% y 198,2%, respectivamente.
Omran agregó que el proceso de paz con los movimientos armados en la región de Darfur y las regiones de Kordofán del Sur y el Nilo Azul todavía está estancado, especialmente con los movimientos influyentes como el Movimiento Popular Norte, dirigido por Abdelaziz al-Helu y el Movimiento de Liberación de Sudán encabezado por Abdel Wahed Nur.
El documento constitucional especificaba seis meses para lograr la paz, que finalizaron el pasado marzo, pero las negociaciones entre el Gobierno y la coalición del Frente Revolucionario se extendieron hasta abril.
