Un Líbano sin agua, electricidad ni combustible
Un año después de la catástrofe que devasto el puerto de Beirut, Líbano sigue en estado de coma político y económico. Cuatro primeros ministros han pasado en el último año por el poder sin que ninguno haya logrado formar Gobierno estable. Sin apenas medicinas ni alimentos básicos en farmacias y supermercados, y con la libra libanesa devaluada en un 90% frente al dólar y una inflación que ha superado el 20% a lo largo de los últimos años, Líbano atraviesa una desastrosa situación económica tras haber sido forzado a declarase en bancarrota.
Los malos tiempos se han cebado con este levantino país de 4,5 millones de habitantes que afronta una triple crisis: sanitaria, económica y político-social. Mientras la rabia prevalece frente a una clase dirigente que desde entonces no logra formar Gobierno, el enfrentamiento entre la clase política mantiene en vilo a una sociedad que espera a la formación de Gobierno para poder acceder a las ayudas internacionales, que tan desesperadamente necesita, entretanto la comunidad internacional se niega a reflotar su economía en bancarrota sino se aplican reformas drásticas contra la corrupción.
La amalgama de religiones y culturas ha derivado en una fragmentación de la actividad económica para satisfacer a las diferentes facciones que conviven dentro de las fronteras del Líbano, lo que ha ocasionado un sistema económico disfuncional. Líbano tiene la mayor deuda pública del mundo, de más del 170% del PIB. El Gobierno declaró a principios de 2020 el primer impago de sus compromisos financieros en la historia del país al no desembolsar 1.200 millones de dólares. Los bancos han llegado a imponer su propio control de capitales, a falta de una regulación clara del Banco Central libanés. No dejan retirar más de 300 dólares cada 15 días en una economía muy dolarizada y con la libra libanesa muy devaluada. Aun así, los importadores podrán tener acceso a la divisa estadounidense a un precio muy por debajo de su actual valor en el mercado negro, donde desde hace semanas ronda las 20.000 unidades por un dólar, y el Estado asumirá esa diferencia a través de su partida presupuestaria para 2022.
Los cortes de electricidad, la falta de agua potable y la escasez de gasolina se han convertido en parte de la rutina diaria de gran parte de los ciudadanos del país. Las neveras casi vacías en muchos hogares son la imagen que resumen perfectamente el hundimiento económico del Líbano, que ha sumido en la precariedad a buena parte de la población. La electricidad gubernamental sólo llega a los hogares libaneses una o dos horas al día, mientras que las empresas que operan los generadores eléctricos privados racionan el suministro debido a la escasez de combustible para hacerlos funcionar.
La producción eléctrica apenas alcanza para cubrir el 25 % del suministro que necesita el país, mientras que el Banco Central del Líbano adelantaba que era incapaz de seguir apoyando la importación de combustible, lo que implica levantar los subsidios. Las fuerzas de seguridad han estado llevando a cabo una serie de redadas en gasolineras y almacenes sospechosos de retener sus existencias para venderlas a precios mucho más elevados cuando se hiciese efectivo el levantamiento de los subsidios, una campaña durante la que se incautaron de millones de litros.
El país mediterráneo sufre una de las peores crisis económicas del siglo XXI, según el Banco Mundial, y que ha generado una crisis de suministros que afecta a la mayor parte de la población y que les impide realizar las tareas más básicas. La grave escasez de combustible ha generado largas filas en las gasolineras, apagones prolongados y cierres de negocios. La crisis ha exacerbado la desigualdad social en un país (de seis millones de habitantes, de ellos 1,5 millones de refugiados) donde el 5% detenta más del 65% de la riqueza y cinco de las seis fortunas libanesas en la lista de 2019 de la revista Forbes son políticos.
Lejos queda la idílica imagen de un vergel libanés coloreado en tonos verdes y azules, rico en vegetación y en agua dulce. El agua se está acabando en el Líbano donde los servicios públicos de agua se limitan a tres días a la semana, el agua del grifo no es potable, lo que obliga a comprar embotellada y cada edificio tiene tanques instalados que son aprovisionados por camiones. La demanda de agua en el Líbano es de 1.800 millones de metros cúbicos por año, cantidad que ni los ríos ni los pozos de agua freática, sobreexplotados y heridos de muerte con la pertinaz sequía, pueden aguantar con este ritmo de abastecimiento frente a una población que no para de crecer.
El país de los cedros ha pasado por muchas crisis, algunas de ellas largas y dramáticas. Apenas hay combustible en las gasolineras ni medicinas en las farmacias, y los servicios públicos se han desmoronado. Desde hace un año, los intentos para formar un Ejecutivo en el Líbano se han estrellado contra las disputas sectarias entre sus 18 comunidades étnicas y religiosas, mientras la economía entra en bancarrota.
En un país que depende en gran medida de las importaciones, el impacto de esta depreciación se deja sentir con fuerza. Los precios han aumentado de manera vertiginosa mientras miles de empresas han quebrado o despedido a muchos de sus empleados. El panorama sigue siendo apocalíptico en el Líbano un año después de la tragedia del puerto de Beirut. El colapso de la moneda, el aumento de la inflación, sumado a esta explosión y la pandemia del coronavirus, han exacerbado las tensiones políticas de una nación que se dirige hacia un Estado fallido.
