Asesinatos, torturas y encarcelamientos indiscriminados entre las pruebas presentadas por la defensa en una causa sin valor jurídico

Un Tribunal investiga en Londres la atroz represión contra la sociedad civil en Irán durante las protestas de 2019

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Irán, noviembre de 2019. Miles de manifestantes toman las calles de las doce ciudades principales del país, incluida la capital, en forma de represalia contra la fuerte subida de los precios del combustible. Un aumento superior al 200% ocasionado por el recorte de los subsidios del Gobierno de Hasán Rohani, que, empujado por las sanciones y la mala gestión económica, perjudica a decenas de miles de trabajadores. Es entonces cuando estalla una de las protestas más destacadas contra el régimen de los ayatolás.

La subida de los precios acabó con la paciencia de una parte de la sociedad iraní, que exigió la deposición de la República Islámica. El aumento de los costes del combustible tan sólo representaba la punta del iceberg. Detrás, el Líder Supremo AlÍ Jamenei dirigía, y dirige, con mano de hierro una estructura de poder que silencia las voces críticas, persigue a la disidencia y, además, empobrece la hacienda nacional. Un caldo de cultivo explosivo sostenido durante décadas que amagó con implosionar hace dos años.

Viendo amenazado el ‘statu quo’, las autoridades iraníes pusieron en marcha una campaña de represión contra los manifestantes que se saldó con la muerte de más de trescientas personas, entre ellos niños. Hasta mil personas resultaron heridas y otras mil fueron encarceladas. Unos números registrados por Amnistía Internacional que intentaron esconder provocando un apagón informativo y mediante a interrupción de los servicios de internet y telefonía. Hechos que hacen sospechar a la ONG de que la cifra de represaliados puede ser incluso mayor.

Es considerada como la represión más sangrienta de las dos últimas décadas. Una acción que duró cinco días y que fue justificada por las altas instancias del régimen por haber sido instigada “desde el extranjero”. La presunta injerencia exterior y la presencia de elementos subversivos ha sido los pilares argumentales en los que se ha apoyado la República Islámica para utilizar la violencia contra la oposición.

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Reino Unido, noviembre de 2021. Dos años después comienza en Londres un juicio de cuatro días contra las autoridades iraníes por la atroz represión ejercida durante aquellas concentraciones. Aunque carente de valor jurídico, la vista oral acoge desde testigos hasta abogados en defensa de los Derechos Humanos, pasando por fiscales internacionales y académicos para profundizar en el recorrido de las protestas y en la acción represiva de las fuerzas de seguridad iraníes. El proceso que tiene la intención de arrojar luz sobre las prácticas del régimen de los ayatolás.

La causa ha sido organizada por diversos grupos en representación de la sociedad civil iraní como Justice for Iran, Iran Human Rights y Ensemble Contre la Peine de Mort (Juntos contra la Pena de Muerte). En total testificarán hasta 45 personas en contra de 130 funcionarios del Gobierno persa. El panel revisará otras 120 declaraciones de testigos antes de emitir una sentencia definitiva a principios del próximo año.

Convocado en la capital británica, el denominado Tribunal de Atrocidades de Irán pondrá la lupa sobre el papel del Líder Supremo, Alí Jamenei, y el entonces jefe de la judicatura, Ebrahim Raisí, hoy presidente de la República Islámica en sustitución de Rohani. Procedente del ala dura del régimen, el actual jefe de Gobierno presidía el Poder Judicial, una posición desde la que habría jugado un papel fundamental contra los miles represaliados.

La Corte interrogará a decenas de testigos, entre los que figuran manifestantes, familiares de víctimas, supervivientes, personal sanitario y antiguos funcionarios de seguridad. También declararán una nómina de testigos periciales. Entre ellos se encuentra la investigadora principal de Amnistía Internacional sobre Irán, Raha Bahreini. Estos prestarán declaración de forma virtual en la sala de conferencias de Westminster, aunque algunos ya lo han hecho ocultando su rostro por las posibles represalias que pueda recibir sus familiares, residentes aún en Irán.

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