Una segunda oportunidad para más de 15.000 MENAS y jóvenes extutelados
Se acortan los tiempos para documentar a los menores extranjeros no acompañados (MENAS) y acreditar su imposibilidad de retorno, que pasará a ser de 3 meses como máximo, y se les otorgará automáticamente el permiso de residencia y de trabajo al cumplir los 16 años. Además aumenta la vigencia de ese permiso de residencia, que pasa de un 1 a 2 años, renovable por periodos de 5 años mientras sigan siendo menores. Eso sí, en caso de que proceda la repatriación se extinguiría inmediatamente la autorización concedida.
Hasta ahora, el plazo de documentación de los menores extranjeros no acompañados era excesivo y muy burocrático, según fuentes del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, lo que provocaba una enorme inseguridad jurídica. Con la modificación del Reglamento de Extranjería, ese plazo pasa de 9 a 3 meses como máximo para evitar que ese laberinto burocrático castigue a víctimas especialmente vulnerables.
El Real Decreto que modifica algunos artículos del Reglamento de Extranjería (Art. 196, 197 y 198) y que entrará en vigor a mediados de noviembre de 2021, simplifica el procedimiento a la hora de documentar a los menores y crea un régimen propio para la mayoría de edad. Mediante una disposición transitoria que incluye a los adultos hasta los 23 años, lo que antes era un callejón sin salida para muchos extutelados, ahora es una oportunidad para incorporarse al mercado laboral. Se les alargará el permiso de residencia y además también podrán obtener la autorización de trabajo que les permitirá salir del limbo administrativo al que estaban condenados.
La Secretaría de Estado de Migraciones tiene controlados a unos 15.000 jóvenes inmigrantes, y 8.000 de ellos son menores. Son los principales beneficiarios de esta modificación que, según fuentes del Ministerio que dirige José Luis Escrivá, corregirá una anomalía que les había condenado a la marginalidad social y nos equiparará a Europa. Y no sólo eso, si no que si hasta ahora se les exigía para obtener el permiso de residencia hasta 2.200 euros al mes (cuatro veces el IPREM), ahora será el Ingreso Mínimo Vital (IMV) el índice de referencia, es decir unos 469 euros/mes. Además serán computables los ingresos que vengan de un empleo, del sistema social u otras cuantías que pueda percibir. Además hay que decir que se tendrán en cuenta los informes sobre esfuerzo de integración, formación o continuidad de estudios. Se trata –según fuentes ministeriales- de que estos jóvenes no pasen a una situación de irregularidad sobrevenida y de exclusión social. Con una excepción, si tienen antecedentes penales no podrán acceder ni al permiso de residencia ni al permiso de trabajo. Se les denegaría de forma automática.
El caso de Omar es diferente. Es menor, acaba de cumplir 16 años y vive fuera del sistema desde hace 10 meses por miedo a ser devuelto. Llegó en patera a Canarias desde Senegal y tiene un par de primos en España que le están ayudando. Pero no es suficiente. “Un permiso de trabajo sería de gran ayuda”, reconoce Omar. Y es ahora, con esta nueva modificación de la Ley de Extranjería, cuando se plantea regularizar su situación o al menos intentarlo. Pero para eso tiene que dar la cara, abandonar el miedo a ser repatriado y dejar de esconderse.
Según datos del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, menos de un 10% de los menores extranjeros no acompañados de 17 años logran trabajar regularmente cuando cumplen los 19. Y de los jóvenes extutelados que accedieron a un permiso de trabajo en pandemia en el sector agrario, en torno a un 70% sigue de alta en la Seguridad Social. E incluso la mayoría de ellos han transitado hacia otras ramas como la construcción, la industria, el comercio o la hostelería.
Suleimán tiene 19 años y hasta ahora nunca ha trabajado en España. Vive en un barrio al sur de Madrid y nos cuenta que, cuando dejó de tener la condición de “tutelado”, se encontró en un precipicio sin red. La ayuda que recibía desapareció, sus tutores dejaron de serlo y entró en la mayoría de edad sin oficio ni beneficio. Este joven marroquí (de Tetuán) nos confiesa que “la modificación de la Ley de Extranjería es un soplo de aire fresco porque, la concesión de un permiso de trabajo, le abrirá puertas que siempre ha encontrado cerradas”. Suleimán –que es uno de los 7.000 extutelados de 18 a 23 años que viven o malviven en España- tiene la sensación de que hasta ahora ha vivido en un callejón sin salida cuyo muro era demasiado alto.
Una reforma que nos acerca al tratamiento jurídico que se les da a los MENAS en los países de nuestro entorno. Nos acerca, pero no nos iguala. Y es que en la UE no se exige posesión de ciertos recursos económicos, como en España. Es más, hay países en los que se les garantizan las prestaciones económicas hasta los 21 años (como Francia) o hasta los 27 años (como Alemania).
Además en Europa, las autorizaciones concedidas son casi siempre de larga duración o casi permanentes y no de un año como en nuestro país. En Alemania pueden realizar formación dual a partir de los 16 años y el permiso de trabajo es de 3 años con posibilidad de prórroga 2 años más. Y muchos de nuestros vecinos abordan la protección al menor extranjero no acompañado desde la perspectiva de asilo y no desde la extranjería.
En esta modificación de la Ley de Extranjería han participado los Ministerios de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Política Territorial, Exteriores e Interior. Este último – el departamento de Fernando Grande Marlaska ha sido el que más condiciones ha puesto después de la reciente polémica por las dudosas devoluciones de menores, según han denunciado diferentes ONGs. Fuentes del Ministerio de Escrivá, apuntan a que en ningún momento se ha planteado durante las reuniones que esta modificación pudiera suponer un efecto llamada y nada se ha negociado sin el consenso de los cuatro Ministerios. De hecho, esas fuentes señalan que “deberíamos desmitificar este concepto (el efecto llamada), porque se ha demostrado que siempre hay picos de llegadas y que nada tienen que ver con los cambios normativos”.
Diferentes organizaciones se han pronunciado ya sobre la reforma del Reglamento de Extranjería, subrayando que nos lleva a una sociedad más justa. Por ejemplo, Cáritas –que ya había denunciado un reglamento que abocaba a la irregularidad administrativa- ya ha reaccionado. Creen desde la ONG de la Iglesia que es un gran avance en la protección de los menores inmigrantes más vulnerables y una importante ayuda en su tránsito a la vida adulta. Además consideran muy positivo que lo que se plantee sea un régimen transitorio que permita recuperar la situación de aquellos jóvenes que, habiendo sido tutelados, nunca lograron el permiso de residencia, y la de quienes, no pudieron renovarla aun habiéndola obtenido.
Chavales como Suleimán y Omar podrán beneficiarse de esta modificación de la Ley de Extranjería y salir del llamado limbo administrativo.
