Una tasa impositiva corporativa global: ¿ayudará o dificultará la recuperación ante la COVID-19 de las naciones en desarrollo?
Durante la campaña presidencial estadounidense del año pasado, Joe Biden prometió tomar medidas enérgicas contra las multinacionales que evaden impuestos, y ahora ha pedido una tasa impositiva corporativa mínima global. Sin embargo, algunos temen que el plan del presidente Biden pueda obstaculizar la recuperación ante la COVID-19 de las economías en desarrollo.
En abril, como parte de su plan fiscal Made in America, el presidente Biden anunció propuestas para obligar a las multinacionales, principalmente a los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook y Apple, a pagar más impuestos, tanto en los Estados Unidos, como en otros países donde generan ganancias.
Actualmente, estas empresas emplean una serie de técnicas para minimizar sus facturas fiscales.
Una de esas técnicas es la transferencia de beneficios. Esto implica la declaración de beneficios, no en los países donde se devengan, sino en países con tasas impositivas corporativas bajas, como Irlanda, o paraísos fiscales como Bermudas, Islas Caimán o Singapur.
Para acompañar el anuncio del plan, el Departamento del Tesoro de EEUU publicó documentos que demuestran que "más ganancias estadounidenses se almacenan en pequeños paraísos fiscales que en las principales economías de China, India, Japón, Francia, Canadá y Alemania juntas".
El plan de la Administración Biden busca establecer una tasa impositiva corporativa mínima global del 21%.
Se espera que esto elimine los incentivos a la inversión en el extranjero y detenga la llamada carrera hacia el fondo, donde los países compiten por los negocios de las multinacionales reduciendo las tasas de impuestos corporativos.
Esta intervención ha revitalizado un debate en curso. Durante los últimos cuatro años, la OCDE ha estado coordinando conversaciones entre 140 países sobre el establecimiento de una tasa impositiva global.
En una conferencia el mes pasado, el director de política fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, dijo que las negociaciones eran ahora "demasiado grandes para fracasar" y que era probable que se llegara a un acuerdo este año.
El plan de la OCDE ha contado con el apoyo generalizado de muchas naciones más ricas. Por ejemplo, el Reino Unido, que lanzó su propio impuesto a los servicios digitales el año pasado, ha dicho que "apoya firmemente los debates del G7, el G20 y la OCDE sobre reformas a largo plazo" y que está "comprometido a no aplicar el impuesto a los servicios digitales una vez que se haya aprobado la solución está en su lugar”.
Sin embargo, la vecina Irlanda saldrá perdiendo si se introduce una tasa mínima global. Durante algunos años, Irlanda ha cortejado a las multinacionales con su tasa impositiva corporativa del 12,5%, en comparación con el 19% en el Reino Unido, el 30% en Alemania y el 26,5% en Canadá.
Como resultado, muchas grandes empresas de tecnología han establecido bases en el país, y las autoridades irlandesas están preocupadas de que un cambio en la tasa pueda provocar un éxodo.
En abril, el ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, dijo que creía que los países más pequeños "deben poder utilizar la política fiscal como una palanca legítima para compensar la ventaja real, material y persistente de que disfrutan los países más grandes".
Otros han expresado sentimientos similares.
Por ejemplo, el Financial Times informó recientemente que muchas economías en desarrollo temen que el eventual acuerdo de la OCDE no sea lo mejor para sus intereses.
“Los países más pobres del mundo están una vez más en riesgo de salir perdiendo cuando se divida la tarta fiscal global, a pesar de que tienen más necesidad de ingresos fiscales que nadie”, Tove Maria Ryding, gerente de Políticas y Promoción de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo, dijo la publicación.
Esta pregunta se ha vuelto particularmente relevante en el contexto pospandémico. Mientras los países buscan ingresos fiscales que los respalden en la reconstrucción, muchas naciones en desarrollo se apresuran a diversificar sus economías para evitar una dependencia excesiva del turismo o, en algunos casos, de los hidrocarburos.
Muchos también están enfocados en una recuperación verde de COVID-19, para lo cual la inversión extranjera directa también es clave. Una tasa impositiva corporativa competitiva es una forma de atraer empresas multinacionales, lo que podría ayudar a financiar dichos esfuerzos.
Paralelamente a la iniciativa liderada por la OCDE, el Comité Tributario de la ONU ha estado desarrollando un programa similar, que se centra específicamente en las empresas digitales.
La postura de la ONU es más flexible que la de la OCDE y ha sido bien recibida por muchas naciones en desarrollo.
En abril, el comité votó para incluir una disposición, conocida como Artículo 12B, en el Modelo de Convención Tributaria de la ONU de 2021, que otorga derechos tributarios adicionales a los países donde se brindan servicios digitales y se generan ingresos.
Si bien el artículo no es vinculante, cuando se implemente permitirá a las economías en desarrollo capturar más valor de las operaciones de los gigantes tecnológicos en sus países.
El Artículo 12B fue defendido por India y Argentina, y respaldado por varias naciones emergentes, entre ellas Ecuador, Ghana, Nigeria y Vietnam.
La postura de la ONU demuestra el creciente consenso en torno a abordar la elusión fiscal global teniendo en cuenta las necesidades económicas de las naciones en desarrollo, particularmente en un momento en que los ingresos fiscales tienen un papel crucial que desempeñar en la recuperación.
