Uigur, el Gran Hermano te vigila
Pekín se vale de un aparato organizado para vigilar y hostigar a los miembros de la etnia uigur. Hasta el momento, era un secreto a voces, basado fundamentalmente en los testimonios de exiliados recogidos por la prensa o en foros en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la filtración de unos documentos del Partido Comunista de China ha permitido confirmar que, efectivamente, esa represión existe y está dirigida directamente desde el poder público.
Esos documentos, cuya fuente dentro del país asiático no ha sido hecha pública, han sido revisados concienzudamente por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En total, 17 medios de comunicación de todo el mundo han contribuido a analizar lo que ya se ha dado en llamar como ‘China Cables’ (‘Los cables de China’). En España, ha sido el diario El País el primero en publicar la información.
Los documentos filtrados datan del año 2017. Todos ellos llevan el marchamo oficial, pues están firmados por Zhu Hailun, que era, en aquella fecha, responsable de seguridad del Partido en la región. La mano dura que caracterizó su mandato en la región le ha valido un puesto en el Politburó del PCCh. En total, son cinco los archivos publicados. Por una parte, ha salido a la luz un telegrama con instrucciones a los trabajadores de los “centros de reeducación” donde China encierra a los uigures para someterlos a un programa de asimilación cultural.
Por otra parte, también se han hecho públicos cuatro boletines donde queda reflejado de manera clara el sistema de vigilancia implantado en la provincia de Xinjiang. Dentro de estos boletines, figura una breve sentencia a un ciudadano por arengar a sus compañeros de trabajo a que no consumiesen pornografía. Su condena fue de 10 años.
Xinjiang, la provincia más occidental de China, es el lugar de residencia de los cerca de 11 millones de uigures que continúan viviendo en el gigante asiático. Los uigures, una de las minorías más incómodas para el régimen de Xi Jinping, constituyen uno de los pueblos túrquicos de Asia central. La mayor parte de ellos son musulmanes, a diferencia de los han, la etnia dominante en el país. Con frecuencia, los uigures han albergado veleidades separatistas debido a la gran distancia ideológica, religiosa y social con Pekín. De forma muy esporádica, se han registrado choques violentos y atentados.
Esta deriva ha llevado al Partido Comunista a emprender una campaña de vigilancia ubicua y de represión generalizada contra los miembros de este grupo étnico. En un salto dialéctico importante, la respuesta de las autoridades ha consistido en vincular directamente las aspiraciones de los uigures con el terrorismo yihadista. Aunque el programa de control se intensificó especialmente después de los atentados del 11-S, ya estaba en marcha de forma patente desde los años 80 del siglo pasado, según Brice Pedroletti, periodista del rotativo francés Le Monde a cargo de la sección de Asia. Desde Pekín, además, se ha promovido el asentamiento de miembros de la etnia han en las principales ciudades de la región, de modo que muchos uigures han ido quedando marginados.
En efecto, la vida en Xinjiang presenta bastantes dificultades. En la vida cotidiana, la libertad brilla por su ausencia. El dispositivo de control se extiende por las calles y en las casas privadas. El operativo se gestiona desde una unidad conocida como Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas (IJOP, según sus siglas en inglés). Los cuatro boletines desvelados, según los medios que han tenido acceso a ellos, detallan cómo el Gobierno ha reunido datos sobre la actividad de los ciudadanos a través de cámaras y de sus propios teléfonos móviles privados. Un ejemplo: según recoge el diario británico The Guardian, uno de los documentos explica cómo se monitorizaron los datos de casi dos millones de uigures a través de una aplicación para la compartición de archivos. 40.000 de ellos fueron tildados de “dañinos” por la IJOP.
En muchos casos, la vigilancia diaria da paso al internamiento en lo que Pekín denomina “campos de reeducación”. Aproximadamente, cerca de un millón de uigures, aproximadamente el 9% de los miembros de la etnia, permanecen encerrados en estos recintos, donde son sometidos a un proceso de asimilación cultural y a vejaciones constantes. Los datos que se manejan proceden de estimaciones de Naciones Unidas, dada la opacidad del régimen.
El telegrama que se ha filtrado representa, a grandes rasgos, una suerte de manual de instrucciones que debe ser observado en estos centros por los comisarios políticos y los trabajadores. Se insta, por ejemplo, a prevenir las fugas y las peleas. Además, se da bastante importancia a los “tres estudios”: las tres materias en que las autoridades basan el "nuevo aprendizaje" de los uigures para desposeerlos de su patrimonio cultural. Las tres patas de este adoctrinamiento son la lengua nacional (el mandarín), el derecho y las habilidades.
También se proporciona una “educación ideológica” dirigida a “resolver contradicciones y distanciar a los estudiantes de sus malas emociones”. De este modo, se diría que Pekín busca no tanto borrar del mapa al grupo étnico, sino, más bien, homogeneizarlo con respecto a la corriente mayoritaria que encarnan los han.
Las condiciones dentro de esos campos, según las descripciones realizadas por exiliados, son pésimas. Además, las acusaciones de tratos degradantes, torturas y asesinatos a manos de la Policía son frecuentes entre aquellos que han pasado por el trance y han escapado del país. Después de pasar por los campos de internamiento, son enviados a campos de trabajo para completar su formación.
Los más rebeldes a ojos de Pekín suelen acabar, por el contrario, en prisión. Uno de los casos más tristemente célebres es el del profesor Ilham Tohti, economista y activista por los derechos de los uigures que ha sido galardonado en la última edición del Premio Sajárov, concedido cada año por el Parlamento Europeo. En 2014, fue condenado a cadena perpetua y no ve a su familia desde hace dos años.
En vista del sombrío panorama que les aguarda si se quedan en su tierra -a la que muchos prefieren llamar Turquestán Oriental en lugar de Xinjiang-, hay muchos uigures que dejaron territorio chino hace tiempo. La diáspora, numerosa en países como Australia, Turquía y Alemania, está constituida, de manera estimada, por entre un millón y un millón y medio de personas. Incluso en el exilio, la sombra de Pekín llega muy lejos. Uno de los boletines aportaba datos concretos sobre los ciudadanos uigures que habían solicitado otras nacionalidades.
¿Cuál es la postura de China? Hasta 2018, el gigante asiático había desmentido repetidamente la existencia de la red de campamentos de reclusión de los uigures. Sometida a una censura creciente en la esfera internacional, la línea argumental ha virado de la negación a la justificación. Pekín continúa sirviéndose de la asociación de ideas que conecta el activismo o el separatismo uigures con el fundamentalismo islámico; una simplificación falaz que le permite orquestar su campaña de represión al amparo de la lucha contra el terrorismo global.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha reaccionado ya a la publicación de informaciones en el marco de los China Cables. Geng Shuang, portavoz de la institución, ha remarcado que lo que ocurra en Xinjiang es un asunto interno del país. “Algunos medios están intentando desprestigiar los esfuerzos de China en materia de contraterrorismo y desradicalización en Xinjiang, pero no lo lograrán”, ha sentenciado Shuang en una comparecencia oficial ante la prensa. “La estabilidad, la solidaridad étnica y la armonía son la mejor respuesta a esa desinformación”, ha añadido.
