Al-Bashir, acusado de corrupción, mientras se intensifica la mediación en Sudán

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Henar Hernández

Pie de foto: La Fiscalía General de Sudán ha anunciado una acusación formal contra el exmandatario Omar al-Bashir por corrupción y, en concreto, por posesión ilegal de fondos. REUTERS/MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

La Fiscalía General de Sudán ha anunciado una acusación formal contra el exmandatario Omar al-Bashir por corrupción y, en concreto, por posesión ilegal de fondos. La agencia de noticias sudanesa SUNA comunicó, citando a una fuente oficial, que al-Bashir “había sido acusado por posesión de divisas, una riqueza atroz y sospechosa y por las órdenes de emergencia” dadas durante las protestas que tuvieron lugar antes del derrocamiento del expresidente. 

El pasado 11 de abril, el que fuera primer viceministro y ministro de Defensa, Awad Ibn Auf, orquestó, de la mano del Ejército sudanés, un golpe de Estado que acabó con el ya exmandatario Omar al-Bashir detenido y desalojado del poder tras 30 años de mandato. En las horas siguientes, los militares llevaron a cabo registros en las propiedades de al-Bashir y encontraron, escondidos en bolsas de plástico, más de 7 millones de euros y más de 350.000 dólares en efectivo. Esto propició que la Fiscalía abriera una investigación por blanqueo de dinero y por otros cargos relacionados, como la financiación del terrorismo. Posteriormente, la institución judicial sudanesa también acusó al expresidente de “incitar y participar en la muerte de manifestantes en los últimos acontecimientos”. 

Pie de foto: Miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares de Sudán patrullan la calle Nilo en la capital, Jartum, el 10 de junio de 2019. AFP 

Cabe recordar que las protestas comenzaron a mediados de marzo por la subida en el precio del pan y de los combustibles y que se tornaron violentas cuando las fuerzas de seguridad leales al expresidente, principalmente la Policía y las milicias armadas que forman parte del entramado de poder de al-Bashir comenzaron a cargar con munición real, balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes, que por aquel entonces eran, a su vez, defendidos por el Ejército.

La violencia no cesó tras el desalojo del exmandatario. Así, tras el golpe de Estado y la consecuente formación del Consejo Militar de Transición, que parece haberse enrocado en la gobernanza de Sudán, los manifestantes continuaron sus protestas y sus sentadas multitudinarias frente al cuartel del Ejército en Jartum, la capital sudanesa, para exigir la entrega del poder a un Gobierno civil. Las promesas de las Fuerzas Armadas realizadas en las primeras reuniones con la oposición sobre la constitución de un Ejecutivo civil y la designación de un primer ministro se disiparon con el estallido de la violencia que tuvo lugar cuando el Consejo Militar dio la orden, el pasado 3 de junio, de desalojar y cargar contra los sudaneses que se congregaban de forma pacífica por el cambio y el inicio real de la transición.

Pie de foto: El 13 de junio de 2019, el Consejo Militar gobernante de Sudán admitió por primera vez que había ordenado la dispersión de una sentada en Jartum, que dejó docenas de muertos. AFP

A mediados de mayo, un ataque atribuido por la Junta gobernante a un “un grupo que intenta hacer fracasar el acuerdo” dejó las primeras víctimas mortales: una decena. Ahora, después de la decisión militar, los muertos superan el centenar, según el Comité Central de Médicos, que responsabiliza directamente al Consejo Militar y a sus Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), también conocidas como la milicia Janjaweed, de “continuar asesinando a los sudaneses pacíficos a lo largo de todo el país”. Asimismo, les acusa de ser “una amenaza directa a la vida de los sudaneses en todo el país”. Para esta organización, orquestadora de las manifestaciones y las huelgas generales que se han ido convocando en respuesta a la violencia, “la única forma de salvar la vida pacífica del pueblo es mediante la caída de la Junta Militar, la disolución de todas las milicias del antiguo régimen y el establecimiento de un Estado de libertad, paz y justicia para todos los sudaneses”.

El Consejo Militar, que solo admite 61 personas asesinadas, ha reconocido este viernes, por primera vez, que dio la orden de desalojar la manifestación pacífica en frente del cuartel, a través de su portavoz, Shams al-Din Kabashi, quien ha declarado lo siguiente: “Ordenamos a los comandantes que elaborasen un plan para dispersar esta sentada. Hicieron un plan y lo implementaron […] pero lamentamos que hayan ocurrido algunos errores”. Asimismo, ha asegurado que los resultados de la investigación que el Consejo Militar ordenó tras dichos acontecimientos se darán a conocer este sábado y que, fruto de dicho trabajo, se han detenido a dos grupos de oficiales que estaban planeando golpes de Estado contra la autoridad del Consejo.

Pie de foto: El portavoz del Consejo Militar de Transición de Sudán (TMC), Shams al-Din Kabashi, durante la conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Jartum, Sudán, el jueves 13 de junio de 2019. AFP/YASUYOSHI CHIBA

Denuncias de Naciones Unidas

Mientras, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado al Consejo de Derechos Humanos de la entidad que “establezca una investigación independiente sobre las violaciones de derechos humanos en Sudán y que supervise activamente los acontecimientos sobre el terreno”. Los expertos han justificado este requerimiento en base a “los informes de numerosas muertes y lesiones desde el 3 de junio de 2019 como resultado del uso excesivo de la fuerza y ​​la violencia por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y en particular las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), contra manifestantes pacíficos”. 

Desde Naciones Unidas también alertan de que las autoridades sudanesas no respetan ni protegen “los derechos de sus ciudadanos a la libertad de asociación y reunión pacífica, a expresar sus opiniones y a presentar demandas pacíficas a su Gobierno”. En esta línea, el grupo de expertos ha mostrado su preocupación por la detención “arbitraria” de tres líderes de la oposición pertenecientes al Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte.

Pie de foto: La directora de UNICEF, Henrietta Fore, ha declarado, que han recibido información sobre que “los niños están siendo detenidos, reclutados para unirse a la lucha y abusados ​​sexualmente”. REUTERS/YVES HERMAN 

Por su parte, la representante especial del secretario general de Naciones Unidas para la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, ha solicitado con urgencia que se verifiquen los informes sobre “violaciones graves de derechos humanos cometidos por activos de las Fuerzas de Apoyo Rápido y las milicias. Estas incluyen las violaciones en grupo de las manifestantes, de defensoras de los derechos humanos de las mujeres y del personal médico femenino en los hospitales cerca de la sentada”.

Otro brazo de la ONU, en este caso el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) ha denunciado la violencia cometida contra los niños y niñas en este contexto, pues, al menos, al menos 19 menores han muerto y otros 49 han resultado heridos. La directora de UNICEF, Henrietta Fore, ha declarado, además, que han recibido información sobre que “los niños están siendo detenidos, reclutados para unirse a la lucha y abusados ​​sexualmente”.

Asimismo, cabe destacar que UNICEF ha publicado en Twitter que “escuelas, hospitales y centros de salud en Sudán han sido atacados, saqueados y destruidos. Los trabajadores de la salud han sido atacados simplemente por hacer su trabajo […]”.

Mediación internacional

Con este panorama desolador sobre la mesa, la comunidad internacional está intensificando sus esfuerzos de mediación para buscar una salida al conflicto. La Unión Africana (UA) reveló la semana pasada en su cuenta de Twitter que había suspendido a Sudán de la organización con el objetivo de incrementar la presión internacional sobre el país africano para que se conforme un Gobierno civil que dirija una transición democrática efectiva. En concreto, la decisión fue tomada por el Consejo de Paz y Seguridad de la UA, que explicó que había “suspendido con efecto inmediato la participación de Sudán en todas las actividades de la Unión hasta el establecimiento efectivo de una Autoridad de Transición liderada por civiles”, pues aseguró que es “la única manera que permite a Sudán salir de la crisis actual”.

La UA ha asegurado que se están llevando a cabo “esfuerzos globales” para resolver el conflicto. En esta línea, el enviado especial de la organización africana a Sudán, Mohamed El Hacen Lebatt, ha reconocido que las conversaciones avanzan, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. Así, ha declarado: “Puedo decir sin excesivo optimismo que las discusiones que mantenemos con cada lado por separado avanzan en gran medida”.

La posición de la UA ha sido recogida por Estados Unidos, que envió este jueves al enviado especial a Sudán de Washington, Donald Booth, junto con el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para África, Tibor Nagy, para que se reunieran con el jefe del Consejo Militar, el general Abdel Fattah al-Burhan. Durante el encuentro, Nagy le pidió a al-Burhan que detuviera los ataques contra los civiles, que retirara a los soldados de Jartum y que frenase la represión de la libertad de expresión y los bloqueos a internet y las redes sociales. Estas demandas se sitúan en la línea de las proclamas manifestadas por la oposición, aglutinada en las Fuerzas de la Declaración de la Libertad y el Cambio (DFCF, por sus siglas en inglés).

Pie de foto: El 12 de junio de 2019, el Departamento de Estado de EEUU nombró a Donald Booth como enviado especial a Sudán, con la esperanza de que pueda ayudar a encontrar una "solución política pacífica" entre los gobernantes militares y los grupos que buscan un Gobierno civil. AFP/SAMIR BOL

Este jueves también estuvo prevista la reunión de los generales del Consejo Militar con los enviados de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto, que además habrían mantenido un encuentro con los delegados de EEUU. Según informa Gulf News, citando a expertos, los tres países árabes apoyarían al Consejo Militar, desmarcándose de la posición de la UA. Arabia Saudí y EAU ya se comprometieron a enviar 3.000 millones de dólares con el objetivo de apoyar el proceso transitorio a través del reforzamiento de la posición financiera del país, el alivio de la presión de la libra sudanesa y la estabilización de la tasa de cambio. 

Cabe recordar que uno de los primeros intentos de mediación fue realizado por el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, que se desplazó hasta Jartum la semana pasada para tratar de solventar el conflicto abierto entre el Consejo Militar y las fuerzas opositoras. 

A pesar de estos esfuerzos, la relación de Sudán con algunos países de la comunidad internacional no pasa por su mejor momento. Es el caso de Reino Unido, pues el Ministerio de Exteriores del país africano ha convocado al embajador británico en Jartum, Ifan Siddiq, para protestar por sus declaraciones sobre el estallido de la violencia a principios de junio. El diplomático británico publicó sucesivos mensajes en sus redes sociales denunciado los ataques contra los manifestantes, entre ellos el siguiente: “No hay excusa para un ataque así. Esto. Debe. Parar. Ahora”.

Pie de foto: El 5 de marzo de 2019, la Embajada Británica en Jartum publicó una foto en la que Ifan Siddiq (R), embajador británico en Jartum, se reúne con Omar el-Digeir, jefe del Partido del Congreso Sudanés de la oposición, tras su liberación en Jartum. AFP PHOTO / HO / BRITISH EMBASSY IN KHARTOUM

En cambio, con otros como Rusia, las autoridades sudanesas están buscando acercar posturas y establecer nuevos vínculos amistosos. Así, el embajador del país africano en Moscú, Nadir Babiker, ha afirmado que “Sudán procura establecer una cooperación estratégica con Rusia”, con el objetivo, entre otros, de incrementar el comercio bilateral de los 500 millones de dólares actuales hasta los 1.000 millones de dólares.

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