España impulsa el desarme sexual de los conflictos armados en la OTAN

Violación, tortura, mutilación sexual, esclavitud o prostitución forzada son las formas de la violencia sexual en los conflictos armados. Este tipo de violencia se ha considerado un simple “daño colateral” durante décadas, pero lo cierto es que se trata de un arma, más barata que las balas, que en la actualidad se usa de forma generalizada y planificada en países como República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Mali, Afganistán, Siria o Colombia con total impunidad.

España es el principal país de la OTAN que presiona para que la Alianza Atlántica siga implementado en su seno la Resolución 1325 de Naciones Unidas. Se trata del primer documento formal y legal del Consejo de Seguridad de la ONU que exige a las partes en conflicto que respeten los derechos de las mujeres y apoyen su participación en las negociaciones de paz y en la reconstrucción post conflicto. Se aprobó en 2010, y dio paso a la creación de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad.

En palabras de la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, es necesario implicarse más porque “hay demasiados dirigentes que se ponen de perfil, sociedades enteras que miran para otro lado”. Y la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid el año que viene sería el escenario perfecto para alzar la voz también con esta cuestión. “Hay que seguir denunciando, no nos vamos a callar. Y en lo que se refiere al Ministerio de Defensa, nuestro compromiso es firme”, añade la ministra.

La OTAN aprobó un primer Plan de Acción para apoyar la implementación de esta Resolución en la Cumbre de Lisboa en 2010. Esta línea política se ha actualizado varias veces, la última en 2018, con nuevos planes de acción. Más recientemente, en 2019, adoptó su primera política sobre prevención y respuesta a la explotación y el abuso sexuales. Y no es la única organización internacional que pone en marcha políticas orientadas a adoptar los objetivos de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad.

El VI Informe de Progresos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), revelado en la última cumbre del G7, incluye 24 instancias dedicadas a la mujer. Y en la cumbre entre Estados Unidos y la Unión Europea, celebrada el pasado mes de junio, se ha hablado explícitamente del “empoderamiento de la mujer”. Queda claro que la mujer está entrando en la agenda internacional, y que se están dando pasos. Pero de momento son insuficientes.

“Frente a los discursos buenistas, existe otra realidad. Y somos pocos los países interesados en implementar la Resolución 1325 dentro de la OTAN”, insiste Margarita Robles. La ministra de Defensa también se muestra preocupada por la situación en la que queda Afganistán, ahora que la Alianza Atlántica abandona el país. “¿20 años después cómo dejamos Afganistán? ¿Cómo dejamos a las mujeres afganas?”, se pregunta. “Ni la OTAN ni la ONU deberían abandonar la zona”.

Otra de las regiones que preocupan es el Sahel. “En Mali, donde hay desplegados soldados españoles, es necesaria la participación de las mujeres en los procesos de paz, sin ellas no va a haber paz”, reflexiona Robles, que hace un llamamiento también a la UE para que se implique y ayude a Mali a culminar su proceso de transición democrática, antes de que acabe siendo otro Estado fallido en manos de grupos terroristas.

“Es insoportable que haya guerras que se siguen librando sobre el cuerpo de las mujeres”, aseveraba María Teresa Fernández de la Vega en la última conferencia internacional auspiciada por Mujeres por África, fundación que preside. En este contexto, de la Vega aprovechó para sacar los colores a la propia ONU al recordar que la Resolución 2467 de abril de 2019 sobre violencia sexual en los conflictos armados no se aprobó por unanimidad. “Hubo dos abstenciones… ¿por qué alguien se abstiene en el compromiso de erradicar la violencia sexual?”, se preguntaba.

Precisamente África es el continente que registra el mayor número de víctimas de la violencia sexual en conflictos armados, y más del 90% de las afectadas son mujeres. Los testimonios de estas supervivientes –como se reconocen ellas mismas– son sobrecogedores.

“Cuando una superviviente trata de buscar justicia en mi país, los ancianos presionan para que no se lleve el caso a los tribunales, para que se resuelva fuera del sistema, y al final los violadores no son castigados”, relataba la doctora Sukria Dini, de Somalia, en esta misma conferencia. La justicia informal, la pobreza, el analfabetismo y la falta de protección estatal se dan la mano en los países africanos azoados por la guerra, y esto hace que se denuncie muy poco. Se estima de que cada 20 violaciones, tan solo se denuncia una.

En el caso de Somalia, solo hay una jueza en todo el país. Las abogadas mujeres también son escasas. Y de las pocas denuncias que se llevan a cabo por violación, la mayor parte se quedan en nada. En muchos casos, las víctimas no entienden los procedimientos porque no saben leer; en otros, las presiones de algunos miembros de la comunidad las hacen desistir. Y en los casos más sangrantes, las víctimas son obligadas a casarse con sus agresores, porque los matrimonios forzosos se legalizaron en 2020.

Los avances para lograr el desarme sexual en los conflictos armados son insuficientes a día de hoy. En algunos países se está registrando incluso un retroceso en esta materia. Y la pandemia, así como algunas decisiones estratégicas que implican la retirada de tropas internacionales de algunos conflictos abiertos, empeoran la situación. Por eso es necesario que la comunidad internacional se movilice, y tome partido, para erradicar esta particular guerra contra las mujeres.

Aunque los datos no son exactos, porque se denuncian muchas menos agresiones de las que se producen, desde que empezó la pandemia se ha registrado una tendencia al alza en cuanto a casos de violencia sexual, maltrato infantil y violencia contra la mujer en general. En el informe de la ONU “La pandemia en la sombra” ponen el acento en el hecho de que en algunos países, los esfuerzos y los recursos que se empleaban para dar respuesta a la violencia contra las mujeres se han destinado a brindar alivio inmediato a los efectos de la COVID-19.

Se estima que a lo largo de 2020 han sufrido violencia sexual o física más de 250 millones de mujeres, de edades entre 15 y 49 años, de todo el mundo. Los teléfonos de asistencia a la mujer de países desarrollados, en los que no hay ningún conflicto bélico en curso, han registrado un incremento de más del 30% en las llamadas. Si estas cifras se extrapolan a países en guerra, donde el Estado de derecho ya no tenía validez antes de la pandemia, es fácil imaginar las consecuencias.

En el seno de un conflicto armado, el acceso a la Justicia por parte de las víctimas es muy difícil. Incluso cuando los enfrentamientos armados acaban, y transita hacia el post conflicto, en la mayoría de los casos no se cree a las mujeres. Y cuando consiguen que se las crea, tampoco es fácil. Hay lugares, como Somalia, donde las mujeres ni siquiera pueden presentar su caso ante las instituciones; tiene que ser un hombre de su familia quien presente el caso y cuente los detalles de la agresión sexual.

La vergüenza que sufren estas supervivientes, y la re-victimización a la que son sometidas, las hace desistir en la mayoría de los casos. Y muchas lo ocultan directamente.

La violación y las demás formas de violencia sexual están consideradas como infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) desde los años 90, pero rara vez se juzga a los violadores cuando sus crímenes se comenten en el contexto de una guerra. Además, en los últimos cinco años, la lista de países en los que se utiliza la violación como arma de guerra no ha variado. Eso dice mucho de la impunidad que prevalece en estos casos.

Aunque existe una prohibición clara de amnistiar estos crímenes de guerra, en la Corte Penal Internacional la primera sentencia en este sentido llegaba en 2019. Esta sentencia condenaba al señor de la guerra congoleño Bosco Ntaganda a cumplir 30 años de prisión y a pagar una multa de 30 millones en reparación para las víctimas de violencia sexual.

Se declaró insolvente para hacerse cargo de la pena económica, pero aún así se trata de una sentencia pionera, y marca un hito importante. Aunque el propio fiscal de la Corte ha reconocido que castigar estos crímenes es “una promesa de futuro”, porque aún no es una realidad del presente.

La violencia sexual en tiempos de guerra se ha documentado ampliamente desde la Edad Antigua. Se conservan escritos que constatan el uso de estas prácticas durante las incursiones bélicas que realizaba el Ejército de Roma en sus conquistas. Desde entonces, la violencia sexual contra las mujeres ha estado presente en todas las campañas militares de las que hay constancia.

Las violaciones masivas han formado parte de ofensivas como la Segunda Guerra Mundial, donde se establecía su uso para “levantar la moral de la tropa”. Y han sido llevadas a cabo por Ejércitos de todos los puntos del planeta: Japón, Pakistán, Alemania o Rusia están en la lista.

Pese a los antecedentes y al impacto que estas violaciones masivas tienen en las sociedades, no fue hasta la guerra de Bosnia (1992-1995) cuando la violencia sexual se consideró algo más que un “daño colateral”. Su utilización como estrategia táctica, que formaba parte de la limpieza étnica en los Balcanes, cambió la forma en que se percibían estos abusos a ojos de la comunidad internacional. Se estima que en Bosnia se violó salvajemente a entre 30.000 y 60.000 mujeres durante este conflicto. Y los testimonios sobrecogieron al mundo.

Se publicaron relatos en la prensa de todo el mundo, y hasta se escribieron libros al respecto. Y propició, en parte, que se aprobara la Resolución 1325 de la ONU unos años después. Pero esto no ha sido su suficiente para erradicar la violencia sexual en los conflictos del siglo XXI. Siria, Myanmar, Afganistán, Irak, Palestina, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán, Somalia, Mali o Libia, entre otros países, engrosan la lista de guerras modernas que se siguen librando, también, sobre el cuerpo de las mujeres.