Netanyahu desafía a las protestas y mantiene su polémica reforma judicial
“Aquel que piense que una guerra civil de verdad, donde la vida humana está en riesgo, es una línea que no cruzaremos no tiene ni idea. No tiene ni idea”, insistió en la noche del miércoles Isaac Herzog. En un discurso histórico, retransmitido en directo en horario de máxima audiencia por todos los canales de televisión y emisoras de radio del país, el presidente israelí hizo saltar las alarmas por el cariz preocupante que está tomando la situación. “Especialmente ahora, en el 75 aniversario de la fundación del Estado de Israel, estamos al borde del abismo”, advirtió.
La reforma judicial puesta en marcha por el Gobierno ha tensionado al máximo las instituciones y ha sacado a las calles a cientos de miles de israelíes para protestar contra la deriva iliberal del Ejecutivo.
El Gobierno de coalición que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu, el más escorado a la derecha de la historia de Israel, tramita a marchas forzadas en la Knesset un paquete legislativo que cambiaría por completo el rostro del Poder Judicial. Sus socios aseguran que la modificación delimitaría la influencia de los magistrados en las decisiones de la Cámara. La oposición en bloque, por su parte, teme que el plan acabe con la separación de poderes. Lo definen como “golpe de Estado”. Son posturas irreconciliables.
La fractura afecta incluso a las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI). Por eso, el presidente, una figura ceremonial sin capacidades ejecutivas, decidió intervenir públicamente a principios de marzo. Y por eso, ante la impasibilidad del Ejecutivo, decidió hacerlo de nuevo esta semana.
Herzog presentó el miércoles una nueva propuesta de consenso después de haber consultado en las últimas semanas con expertos constitucionalistas, académicos, abogados y miembros de la sociedad civil, según la oficina presidencial. “No son las instrucciones del presidente, sino las instrucciones del pueblo”, diría en su discurso. El jefe de Estado israelí también ha estado en contacto con perfiles del Gobierno y de la oposición.
“Herzog adoptó los elementos básicos de la reforma judicial del Gobierno, pero los moderó de varias formas para que este no tuviera un poder absoluto”, condensa el periodista Amir Tibon en las páginas del diario Haaretz.
Yair Lapid, ex primer ministro y actual líder de la oposición al frente del liberal Yesh Atid (Hay Futuro, en español), recibió de buen grado la propuesta del presidente. La organización de sindicatos de Israel, Histadrut, una de las instituciones más importantes del país, también cerró filas con Herzog, de la misma forma que el antiguo jefe de Gobierno Naftali Bennett, hoy retirado de la arena política. Sólo un diputado del bloque del Gobierno, David Bitan, se ha pronunciado a favor congelar la medida, los demás guardan silencio.
Netanyahu amagó con aceptar la mano tendida del presidente, pero las presiones de su ministro de Justicia, Yariv Levin, principal promotor de la reforma judicial, acabaron pesando más. “Muchas partes de su propuesta no hacen sino perpetuar el estatus actual y no restablecen el equilibrio entre los distintos poderes. Esta es la triste verdad”, dijo Bibi en la noche del miércoles en respuesta al mensaje de Herzog.
Fue la manifestación más grande de la historia de Israel. Cerca de medio millón de personas, según los organizadores, unas 300.000, según las autoridades, colapsaron la semana pasada Tel Aviv, el bastión secular y liberal del país, para protestar contra los planes del Gobierno de coalición, que muchos describen como un golpe judicial que pondría en peligro los derechos de las minorías. Es significativo el volumen de las protestas en un país que cuenta con menos de 9 millones y medio de habitantes.
Las escenas de carreteras cortadas y enfrentamientos entre Policía y manifestantes se repitieron por décima semana consecutiva.
Miles de personas han salido a las calles este jueves en una jornada bautizada como el Día de Disrupción Nacional. La movilización culminará con una gran concentración en la plaza Habima de Tel Aviv. “Es la apertura de un nuevo capítulo en la historia del Estado de Israel: ha surgido un nuevo campo liberal que está listo para luchar por la imagen del Estado y devolver bajo la tapa de alcantarillado a los Smotrichs y los Ben Gvirs [en alusión a los ministros de Finanzas y Seguridad Pública]”, sostiene el periodista Chaim Levinson.
El nerviosismo del Gobierno de coalición le ha llevado a bloquear la visita del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. El Ministerio de Exteriores paralizó el inminente desplazamiento a Israel del jefe de la diplomacia europea por sus críticas a la reforma judicial, verbalizadas esta misma semana desde la tribuna del Parlamento Europeo. Eli Cohen, el titular de Exteriores, llamó expresamente a Borrell para condenar el contenido de sus declaraciones.
El Gobierno mantiene a pesar de todo sus planes para votar la próxima semana la que sería la tercera y definitiva lectura de la reforma judicial. En el paquete legislativo está incluida la denominada cláusula de anulación, que permitiría a una mayoría simple en la Knesset, 61 de los 120 escaños, tumbar las sentencias del Tribunal Supremo, la más alta magistratura del país. La alianza de extrema derecha, conformada por el conservador Likud, los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá y el radical Sionismo Religioso ocupa 64 asientos en la Cámara.
El Tribunal Supremo actúa como contrapeso del Poder Ejecutivo, equilibra el poder de las instituciones. Es una suerte de Tribunal Constitucional en un Estado como Israel, que carece de Constitución. En su lugar, existen las denominadas Leyes Básicas, una serie de medidas con carácter constitucional que fueron diseñadas en su día como borrador para redactar una futura Carta Magna. No están escritas y, por lo tanto, tampoco están delimitadas. De acuerdo con la legislación propuesta por el Gobierno, cualquier ley que una mayoría simple decida definir como “básica” se volvería automáticamente inmune a la revisión judicial.
Massive protest in Tel Aviv - Israel is witnessing unprecedented protests against Netanyahu’s‘judicial’ subversion of democracy. pic.twitter.com/WH8W3aPrbT
— Ashok Swain (@ashoswai) March 9, 2023
En el pasado, el Tribunal Supremo ha revocado algunas medidas impulsadas en la Knesset, la mayoría relacionadas con las actividades de los colonos en los territorios ocupados. “Desde 1992, cuando las Leyes Básicas facultaron a la Corte Suprema para ejercer la revisión judicial, los tribunales han invalidado la legislación en 22 casos. Es decir, desde 1995 hasta noviembre de 2022, la frecuencia con la que los tribunales invalidan legislación es de alrededor de 0,8 por año”, recoge el Instituto de Democracia de Israel. Los datos desmienten el argumento estrella del Gobierno, que denuncia el excesivo intervencionismo de los togados en política.
El paquete legislativo modificaría, además, el proceso de designación de magistrados del Tribunal Supremo. En la actualidad, un comité de nueve miembros integrado por políticos, otros jueces en ejercicio y abogados se encarga de los nombramientos. Este método ha levantado cierto escepticismo en algunos sectores de la opinión pública por las extendidas sospechas de tratos de favor y corrupción. De hecho, parece existir cierto consenso en reformar el comité.
Pero la medida del Ejecutivo le concedería de facto la facultad de elegir a los jueces. “La propuesta de abolir el Comité de Selecciones Judiciales conduciría a la politización del poder judicial, socavaría la independencia de los jueces y cambiaría el cuidadoso equilibrio alcanzado a través de él entre las ramas del Gobierno”, advierte el letrado Guy Lurie en el Instituto de Democracia de Israel.
En este epígrafe sobresale una de las aristas más polémicas del proceso. Y es que Netanyahu estaría incurriendo en un flagrante conflicto de intereses. El primer ministro está envuelto en un sonado caso de corrupción por el que está acusado de soborno, fraude y abuso de confianza en un juicio que tiene lugar en el Tribunal de Distrito de Jerusalén. Antes de este caso, Bibi era uno de los principales defensores de la Corte Suprema y su método de elección. Pero todo cambió cuando se sentó en el banquillo de los acusados.
“Según las nuevas reglas, los aliados políticos de Netanyahu podrían elegir a los jueces que, de hecho, decidirán su destino”, explica Tibon. Levin encabeza la reforma, mientras que Netanyahu tiene asegurado el firme respaldo de sus socios de coalición. Sionismo Religioso hizo bandera durante la campaña electoral de la reforma judicial para permitir la expansión de los asentamientos israelíes, mientras que el ultraortodoxo Shas está expresamente interesado en controlar el Poder Judicial para recolocar en el Gobierno a su líder, el veterano Aryeh Deri. En febrero, el Tribunal Supremo dictaminó que no debería servir como ministro por su historial delictivo y un caso sonado de evasión fiscal.
“La alternativa al compromiso de Herzog es que el ministro de Justicia y el presidente del Comité de Leyes de la Knesset terminen de aprobar sus leyes, que probablemente sean anuladas por el Tribunal Supremo”, explica el director del programa de relaciones árabes-israelíes del Washington Institute of Near East Policy, David Makovsky. Parece inevitable, por lo tanto, que se produzca un choque frontal entre la máxima autoridad judicial y el Gobierno de coalición.
