Nueva oleada de detenciones en Túnez contra perfiles opositores a Kais Saied
“La situación aquí es muy tensa y nadie sabe quién será el próximo en su lista”, relatan con preocupación desde Túnez. En las últimas 48 horas, la Policía ha puesto en marcha una operación aparentemente coordinada que se ha saldado con la detención de cinco perfiles relacionados con la judicatura, los partidos políticos tradicionales y el sector empresarial. El nexo que les une es su rechazo frontal a Kais Saied, aunque los cargos por los que están imputados varían. Los primeros indicios apuntan hacia una nueva campaña del presidente contra la oposición tras el establecimiento de su nueva arquitectura constitucional, que algunos observadores describen como un déjà vu de los años de Ben Ali.
El exfiscal de la República del Tribunal de Primera Instancia, Bashir Akremi, ha sido uno de los detenidos en el marco de la operación. Estaba bajo arresto domiciliario desde el pasado 31 de julio. El comité de defensa de los mártires Chokri Belaïd y Mohamed Brahmi le acusa de ocultar pruebas para obstruir el caso que investiga las muertes de estos dos destacados activistas de izquierda, militantes del Partido Unificado de Patriotas Democráticos y del Movimiento Echaab, respectivamente, y firmes opositores del entonces gobernante Ennahda. Sus asesinatos conmocionaron al país cuando apenas habían transcurrido dos años de la revolución, pero nunca llegaron a ser juzgados.
Akremi, uno de los 57 magistrados destituidos en junio por decreto presidencial, estuvo vinculado en el ejercicio de sus funciones con el partido islamista Ennahda. Hasta su inhabilitación definitiva, ocupaba un tribunal con jurisdicción nacional en asuntos económicos, financieros y antiterroristas, desde donde habría favorecido los intereses de la formación que todavía lidera Rachid Ghanuchi, dominadora del tablero político posrevolucionario hasta la eclosión de la figura de Saied. El actual presidente cosechó apoyo popular denunciando, precisamente, la extendida corrupción institucional. En concreto, Saied hizo campaña contra la connivencia entre las instituciones y el conservadurismo islamista.
El exfiscal, por su parte, ha denunciado a través de un comunicado emitido por la ONG Alkarama que el entorno de Saied intentó “influir en la investigación del caso para que implicara y acusara, incluso en ausencia de pruebas, a los líderes políticos e ideológicos de Ennahda”. La formación islamista también ha rechazado de plano las acusaciones. Sin embargo, la reciente detención de Akremi guarda relación con el expediente de Chokri Belaïd y Mohamed Brahmi, informa la cadena de radio local Mosaique FM.
Akremi no ha sido el único juez detenido en las últimas horas. La Policía allanó el domingo el domicilio de Taieb Rached, el que fuera primer presidente del Tribunal de Casación. La redada se cobró la detención del magistrado y la posterior incautación de varios documentos que podrían probar su implicación en un caso de corrupción financiera. Rached, otro de los jueces relevados en junio por Saied, era miembro además del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el antiguo órgano de los jueces que también fue desmontado por el presidente.
Horas antes, en la noche del sábado, siete agentes de Policía habían accedido en el domicilio de Abdelhamid Jelassi, líder histórico de Ennahda. En la redada fue detenido y “conducido a un destino desconocido”, recoge un escueto mensaje publicado por su hija en su página de la red social Facebook. Las autoridades le acusan de “conspirar contra la seguridad del Estado”, pero no aportan más detalles. Jelassi había abandonado la organización antes de las elecciones de 2019 y desde entonces se había dedicado “a criticar públicamente la experiencia del movimiento islamista en Túnez”, recuerda el politólogo Mohamed-Dhia Hammami.
El abogado y activista político Khayam Turki, de 58 años, hijo del exembajador de Túnez en Francia, había sido el primero en desaparecer a primera hora del sábado. Ni él ni sus abogados sabían que estaba bajo el radar de las autoridades. Sufrió el mismo modus operandi que el resto de los detenidos: allanamiento e incautación de los dispositivos electrónicos. En su caso, su ordenador, el de su mujer y su teléfono móvil. Turki era hasta hace poco un destacado dirigente de Ettakatol, la formación socialdemócrata que formó parte de la coalición de Gobierno con Ennahda entre 2011 y 2014 antes de engrosar las filas de la oposición. Aunque su nombre había sonado como posible candidato a primer ministro en 2020, tras la dimisión de Elies Fajfaj.
Kamel Eltaïef es el último nombre de la lista de detenidos por conspirar contra el Estado. El magnate de 68 años ha influido en la realidad política tunecina a lo largo de las últimas décadas, y es percibido como uno de los máximos exponentes de la corrupción endémica que asola el país. Eltaïef participó en el golpe de palacio que destronó a Habib Bourguiba por motivos médicos, convirtiéndose en uno de los hombres de confianza del exdictador Zine El Abidine Ben Ali hasta que perdió su respaldo a principios de los 90. Tras la Primavera Árabe, consiguió colocarse en la órbita de los sucesivos Gobiernos de coalición en los que estuvo presente Ennahda.
“Que los Turki, Eltaïef, Jelassi u otros pudieran discutir, en cualquier ocasión, por ejemplo, durante una cena, posibles medios de cambiar la situación política en Túnez o incluso de encontrar un reemplazo para Kais Saied es muy posible y hasta altamente probable, porque han estado involucrados en la vida política del país en los últimos años. Pero para que tal hecho, de ser probado, alimentara una acusación de conspiración contra la seguridad del Estado, se debería probar la existencia de preparativos materiales para una toma ilegal o violenta del poder”, escribe el periodista Ridha Kéfi en las páginas del diario tunecino Kapitalis.
Los últimos arrestos de perfiles opositores a Saied se suman a las detenciones en diciembre del ex primer ministro Ali Laarayedh, vicepresidente de Ennahda, y del exministro de Justicia, Noureddine Bhiri, integrante de la formación islamista, ambos imputados en un proceso judicial que investiga el envío de militantes islamistas a combatir en Siria. La oposición y varios grupos en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han elevado la voz por lo que describen como detenciones arbitrarias.
Es un mecanismo utilizado con asiduidad por Saied desde que invocara en julio de 2021 el artículo 80 de la antigua Constitución para concentrar todos los poderes. Las prerrogativas le otorgaron plena potestad para desmontar la arquitectura constitucional y redactar en su lugar una nueva Carta Magna, hecha a su medida, que quedó aprobada vía referéndum en julio del curso pasado. Pero el presidente viene sufriendo desde entonces una pérdida significativa de apoyos que se materializaron en unas preocupantes cifras de participación en las elecciones legislativas, por la escasa afluencia en las urnas.
Mientras Saied sufre una sangría en la calle y no consigue revertir la crisis, la oposición se mantiene fuertemente dividida. Por un lado, están los islamistas de Ennahda y sus socios radicales de la Coalición por la Dignidad junto a los militantes de Ciudadanos contra el Golpe y perfiles independientes del antiguo Parlamento, que quieren recuperar el espacio perdido. Y por otro, están los círculos y plataformas de menor tamaño que se van conformando en torno al Partido Desturiano Libre de Abir Moussi, que busca restaurar el régimen prerrevolucionario de Ben Ali.
