¿Voluntad de cambio o cambio de voluntad?

Hace algo más de una década comenzó la explotación petrolífera en Agadem (Níger). Desde entonces, la sociedad no ha experimentado los beneficios que, a priori, traería el descubrimiento del oro negro en el país. Frente a eso, se ha generado un fenómeno de difícil control en Niamey, la capital: la aparición de infinidad de gasolineras que se construyen sin apenas control administrativo.

La situación comenzaba a ser insostenible y a principios de noviembre de 2021 –y hasta nueva orden– el ministro de Petróleo, Energía y Energías Renovables de Níger, Sani Issoufou Mahamadou, suspendió la instrucción de cualquier petición de apertura de gasolineras en el interior de Niamey, la capital. La noticia fue muy bien acogida por la población, que ha visto cómo en los últimos años el país pasó, según cifras oficiales, de 295 estaciones de servicio contabilizadas en 2011 a 722 en 2019, la mayoría de ellas en la gran ciudad.

Las gasolineras forman parte de la arquitectura urbana de Niamey, particularmente en los barrios más empobrecidos que circundan la almendra central (Plateau), lugar elegido por las grandes empresas, los hoteles de lujo y las mayores fortunas del país para instalarse. En muchas de las arterias principales de los barrios periféricos es posible contabilizar decenas de estaciones de servicio dispuestas unas detrás de otras, algunas en funcionamiento y otras en proceso de construcción. Estas obras se llevan a cabo, en ocasiones, al margen de la ley, y la gente se pregunta cómo, en cuestión de semanas, puede florecer una estación de servicio a pocos metros de sus viviendas sin que nadie alce la voz en defensa de su propia seguridad.

Dado su elevado número, la mayor parte de ellas permanecen a menudo vacías y los jóvenes empleados pasan las horas dormitando junto a las mangueras. Estos chicos, cuya paga mensual no supera los 60 euros, suelen recurrir a la estafa para sacarse un dinero extra repostando en los vehículos de los más despistados una cantidad de gasolina inferior a la pagada por los conductores.

Un sector opaco

En 2011 Níger entró a formar parte de la lista de países productores de petróleo gracias al inicio de la explotación del yacimiento de Agadem, situado en la región oriental de Diffa y al comienzo de las actividades de la Sociedad de Refinamiento de Zinder (Soraz, por sus siglas en francés), situada al norte de esta ciudad. 

En 2019 el Gobierno del expresidente Mahamadou Issoufou –padre del citado Sani Issoufou– expresó su deseo de hacer de este sector el principal motor de la economía del país. Para ello, en septiembre de ese mismo año, firmó con Benín un acuerdo bilateral para la construcción de un oleoducto de 2.000 kilómetros de longitud que atravesaría ambos territorios desde el centro de extracción de Agadem hasta el puerto beninés Seme Terminal, en el golfo de Guinea, previo paso por la refinería de Soraz (ver mapa p. 28). 

Este proyecto, atascado debido a la COVID-19, venía acompañado de las ambiciones del Ministerio de Petróleo de multiplicar por 25 –pasar de 20.000 a 500.000 barriles por día– la producción de crudo para el horizonte 2025-2030 y de adherirse a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que integran las principales potencias petrolíferas. Todo ello debería servir como impulso para la maltrecha economía nigerina. La construcción del oleoducto se concedió a la multinacional China National Petroleum Corporation (CNPC) que, junto a la británica Savannah Petroleum y a la argelina SIPEX, explota la mayor parte de los yacimientos del país. 

En esta misma línea, a principios de 2021, el entonces candidato y actual presidente del Gobierno, Mohamed Bazoum, anunciaba la continuidad en las políticas de su predecesor en este sector y apuntaba a un crecimiento del 8% anual antes del final de su mandato en caso de concretarse su más que probable elección. 

Aunque, durante los últimos diez años la producción de crudo ha sido algo irregular e incluso parece haber disminuido recientemente, según los datos disponibles, el Ejecutivo asegura que la industria petrolífera representa en la actualidad el 4% del PIB, el 19% de los ingresos fiscales, el 16% de las exportaciones y hasta el 5% de los empleos formales de Níger y aspira a lograr en 2025 una contribución de un 24% al PIB, un 45% a los ingresos fiscales, un 68% a las remesas y un 12% a la empleabilidad permanente.

La comprobación de estos datos resulta muy complicada y son las instituciones las que se encargan de difundirlos arbitrariamente a pesar de que Níger forma parte de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas a través de su filial ITIE-Níger. Esta plataforma –formada por gobiernos, empresas y sociedad civil– implementa un estándar global para promover y asegurar la buena gestión de los recursos naturales, el petróleo y el gas en los más de 50 países adheridos en la actualidad. En 2017 ITIE-Níger suspendió por su opacidad al país, que respondió marchándose de la Iniciativa. Tres años más tarde, en 2020, en un intento de ofrecer una imagen renovada y sana de la creciente industria, Níger volvió a integrarse en ITIE.

Desde hace ya muchos años, diversas organizaciones vienen acusando a las industrias extractivas –oro, carbón, uranio y petróleo– presentes en territorio nigerino de ser responsables de daños al medio ambiente que afectan a la calidad de vida de las comunidades locales. 

Níger es un país en el que el 80% de la población vive de las actividades agropastorales y sus medios de vida están directamente relacionados con la salud del ecosistema que explotan. Las comunidades ganaderas recorren largas distancias para dar alimento y agua a sus animales, pero muchas de esas megaindustrias se instalan a menudo en esas zonas, habitadas y frágiles ecológicamente. En 2018, la Red de Organizaciones para la Transparencia y el Análisis Presupuestario (ROTAB, por sus siglas en francés) publicó un informe en el que denunciaba la muerte de un gran número de animales –aves, camellos y vacas– por el consumo de agua contaminada derivada de una mina de uranio explotada por la Sociedad de Minas del Aïr (SOMAIR), la deficiente gestión de lodos tóxicos y aguas residuales procedentes de los pozos de petróleo del yacimiento de Agadem y el daño ecológico causado en muchas tierras de uso agrícola. Todo esto afecta a las poblaciones locales que, a menudo indefensas, observan cómo su existencia se ve amenazada.

Para la realización del informe, ROTAB se apoyó en un dosier elaborado por GREENPEACE en 2010 en el que ya denunciaba, entre otras prácticas, el trabajo infantil y la mala gestión en las minas de uranio -explotadas por el gigante francés Areva. 

En 2012 el macizo de Termit y el desierto de Tim Toumma fueron clasificados –pensando en la llegada de turistas– como reservas naturales con el objetivo de preservar el ecosistema de la región, una de las que alberga mayor diversidad de fauna silvestre. La reserva –cuya superficie supera los 100.000 kilómetros cuadrados y está gestionada por la ONG francesa Noé desde 2018– es el hogar de cientos de especies de aves y más de 15 especies de mamíferos entre los que destaca el addax, un antílope en peligro de extinción y cuyo hábitat natural es la reserva en cuestión. 

Sin embargo, quizás a la vista de la dramática situación que atraviesa el sector turístico –-derivada de la violencia que sufre la región– y la falta de infraestructuras, o quizás persiguiendo sus promesas en materia de explotación petrolífera, las instituciones decidieron en 2019 retirar a la reserva casi la mitad de su extensión, unos 45.000 kilómetros cuadrados. ¿El motivo? Un proyecto de explotación desarrollado por CNPC.

La tasa de crecimiento económico de Níger, como la del conjunto de naciones de la región, aumenta a un ritmo frenético en los últimos años, con un incremento anual promedio de casi el 5% entre 2010 y 2020 –incluso en este último año, el primero de la pandemia, el PIB creció un 3,58% según el Banco Mundial–. Sin embargo, el país es uno de los habituales en los últimos puestos de las clasificaciones de las sociedades menos avanzadas social y económicamente, y los nigerinos están acostumbrados a hacerse muchas preguntas sin recibir respuestas.

“¿Cómo puede costar 540 francos CFA –unos 82 céntimos de euro– el litro de gasolina?”. Esta es, quizás, la pregunta más escuchada. “El coste real de producción y refinado es de unos 250 francos –38 céntimos de euro–, pero los políticos tienen que llevarse su parte”, comenta Boukary, dependiente en la tienda de una gasolinera del centro de Niamey. 

El elevado precio del carburante, relativamente constante y fijado por las autoridades supone una piedra más en el camino hacia el desarrollo de un país muy dependiente de este producto: el transporte de personas y mercancías; los grupos electrógenos que, por falta de capacidad eléctrica nacional, iluminan muchos hogares en todo el territorio; o las bombas a presión utilizadas para el riego de los cultivos son solo algunos ejemplos. En la calle esta es la chispa que corre el riesgo de convertirse en hoguera.  

El hartazgo va en aumento y la población local señala a las industrias extractivas y a los políticos por la opacidad en todo lo relacionado con el oro negro. Extrañamente, en los últimos meses parece multiplicarse en la capital el número de niños y adolescentes que, apostillados en las aceras de muchas calles, se dedican a la venta ambulante de gasolina en botellas de vidrio y de plástico a un precio ligeramente inferior al regulado. Se rumorea que existe un vínculo entre la venta informal y la paralización ministerial de los dosieres, pero una vez más las informaciones parecen estar teñidas de un humo gris que nubla la vista de todo aquel que trata de conocer la verdad. 

Aunque parece improbable, dados los intereses económicos, que la orden del ministro Issoufou se alargue en el tiempo, es una noticia esperanzadora que abre la puerta a cambios como la rebaja del precio de la gasolina y una mejor gestión de los beneficios obtenidos por el petróleo. Además, está por ver si las diferentes estructuras de control y denuncia logran empujar a las industrias extractivas a una mejor gestión social y medioambiental de sus actividades. Una vez más, como casi siempre, son las instituciones locales las que disponen de la llave –a fuerza de voluntad– para mejorar la vida de sus ciudadanos.